La semana pasada en Rafaela se ordenó judicialmente el derribo de dos puntos de venta de drogas y el sellado de un tercero, como parte de una estrategia para frenar actividades ilícitas. Esto derivó a que el jueves por la mañana, efectivos policiales y funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad inspeccionaron uno de los inmuebles en barrio El Eucaliptal, en Frontera, para evaluar las condiciones previas al derribo. Sin embargo, durante la revisión, hallaron en el interior una gran cantidad de carne, presuntamente robada la noche anterior en Josefina.
En el lugar, un grupo de personas abrió fuego contra los agentes policiales mientras intentaban escapar. La intervención del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V permitió la captura de uno de los involucrados, un hombre identificado como J.F.Ñ., de 25 años. Según los reportes oficiales, el detenido quedó a disposición de la Justicia en la Alcaldía de Rafaela, y personal médico dictaminó que presentaba escoriaciones producto de cortes.
Sebastián Rancaño y Eduardo Cosentino, representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad, estuvieron presentes en el procedimiento y hablaron en entrevista con Radio Rafaela sobre lo sucedido. Rancaño explicó que el operativo formó parte de la ejecución de medidas judiciales dictadas por el juez Nicolás Stegmayer a pedido de la fiscal Fabiana Bertero y el fiscal de microtráfico Franco Carbone. "El objetivo era desactivar estos puntos de venta de droga para impedir que continúe la actividad delictiva", señaló.
Rancaño detalló que la inspección tenía como propósito garantizar las condiciones necesarias para proceder con el derribo, sin realizar una requisa formal. "Cuando llegamos al lugar con fuerzas especiales y aseguramos el perímetro, encontramos 2 animales carneados clandestinamente. Esto evidenció que las actividades ilícitas continuaban de manera normal, lejos de menguar", indicó.
El procedimiento fue interrumpido por disparos provenientes de personas que, según Rancaño, intentaban recuperar los 700 kilos de carne hallados en el inmueble. "Fue clave el buen desempeño del personal policial y de la jefa de la PDI en el lugar, que lograron controlar la situación y resguardar la seguridad", destacó.
Por último, Rancaño explicó que la demolición de los puntos de venta será realizada tras un informe detallado que evalúe la infraestructura, los riesgos colaterales y las necesidades operativas. "Es fundamental garantizar que no haya daños a terceros y que el procedimiento se lleve a cabo de manera efectiva y segura", concluyó.
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