Los datos oficiales difundidos por la fuerza indicaban que había cuatro detenidos. Sin embargo, fue la propia Fiscal de la causa quien indicó que “no existe en este momento una imputación formal y no están detenidos”.
Durante la jornada del sábado 28 de septiembre, trascendieron oficialmente detalles de un importante procedimiento a cargo de la Policía Federal Argentina. La información brindada por la fuerza indicaba que desarticularon una organización sospechosa de financiamiento al terrorismo internacional.
En ese marco, comunicaron que trabajó el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales. El operativo tenía en la mira a una presunta organización delictiva sospechada de financiar al terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos.
La causa comenzó a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF). Este último advertía sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano de nacionalidad colombiana domiciliado en la provincia de Córdoba y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo sobre un ciudadano sirio en el Líbano y vinculado al Hezbollah.
Además, la PFA indicó que la investigación había permitido detectar más de 30 operaciones de activos virtuales vinculadas de manera indirecta con otra billetera sospechosa marcada por una herramienta norteamericana de monitoreo. Las diversas transacciones, en el transcurso de dos años, acumularían un volumen de fondos operados por la suma de 1.800 millones de pesos, informaron las fuerzas policiales.
Con los resultados de las tareas investigativas, ordenaron la realización de siete allanamientos en la localidad cordobesa de la Porteña y uno en la localidad de Vila, provincia de Santa Fe. Oficialmente, comunicaron que, como resultado de los procedimientos, detuvieron a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, además del secuestro de numerosos elementos de interés para la causa.
Desmintieron las detenciones
La información difundida en primera instancia de forma oficial fue desmentida con el paso de las horas por algunos de los involucrados en la investigación.
En primera instancia, se refirió a los procedimientos la Dra. María Marta Schianni, Fiscal Federal. Indicó que los allanamientos se concretaron el día viernes tanto en Porteña como en una localidad de la provincia de Santa Fe, "a los fines de recabar información sobre esta investigación preliminar que fue remitida por Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a la Justicia Federal de San Francisco".
"El análisis de la información de los allanamientos puede dar lugar a otras medidas, informes. Esto va a depender de lo que surja de la información volcada en estos dispositivos (secuestrados) que va a ser analizada por los equipos técnicos", precisó.
En ese sentido, aclaró que, "en el marco de estos procedimientos, no se adoptó ningún temperamento de detención de las personas implicadas, sino que fueron trasladadas desde los distintos domicilios hacia la delegación de Policía Federal de San Francisco para ser correctamente identificados y fichados".
"La situación de las personas que fueron objeto de allanamiento aún no está definida desde el punto de vista procesal. No están imputados formalmente en la investigación. Estamos bajo secreto de sumario, pero puedo decir que no existe en este momento una imputación formal y no están detenidos", sostuvo.
La defensa del ciudadano investigado
El Dr. Juan Alberione, representante letrado de Miguel Fierro Uribe (investigado en la causa), se refirió seriamente a la causa de la que su defendido tomó conocimiento desde un principio a través de la prensa. “Jurídicamente, lo único que ha hecho es lo que corresponde, ponerse a disposición de la Justicia, ofrecer que se abran todos los dispositivos que estaban en su poder, para que los analicen”, indicó Alberione.
En ese sentido, sostuvo que su representado tiene la “intención de aclarar esta situación en la que se lo posiciona directamente como un terrorista”. “A partir de haber tomado conocimiento mediáticamente de esto, se efectuaron las presentaciones ante la Justicia y ésta manifestó no tener interés en la detención de mi cliente”, indicó. Sin embargo, “ordenó algunas medidas que son propias de toda investigación, como allanamientos en los domicilios de las personas investigadas”, dijo.
Más allá de los procedimientos concretados por las Fuerzas Federales, que están dentro de las medidas habituales en cualquier investigación, el Dr. Alberione se mostró sorprendido por la difusión de información errónea. “Una de las cuestiones falsas que están circulando a nivel mediático es que a mi cliente le secuestraron armas y dinero, cuando lo único que en realidad le secuestraron fue alrededor de 150 dólares en billetes de distinta nominación, la computadora y el celular. No le secuestraron ningún tipo de arma, solo dispositivos y un monto insignificante de efectivo”, precisó.
En la misma línea, aclaró que su defendido “no ha sido indagado, y no está imputado”. Por todo lo expuesto, se mostró atento a evaluar “qué fue lo que desencadenó este error (en la información) como para ver la responsabilidad que le cabe a quien corresponda”.
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