Un mes después de la detención de tres de los principales involucrados, siguen llegando denuncias a Fiscalía. Una de las víctimas contó de qué manera los afectó como familia.
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La última semana se cumplió un mes desde que la justicia penal santafesina ordenó la prisión preventiva para los hermanos Matías y Fernando Spaggiari y para su madre Mirta Condotto, como principales responsables de una estafa piramidal, cometida en la ciudad de Rafaela y zona, entre fines de 2019 y noviembre de 2022.
Al momento de ser llevados a tribunales, la investigación, que está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, contabilizaba casi un centenar de denuncias y estimaba el daño en 1.700.000 dólares y 40.000.000 de pesos. Un mes después, fuentes cercanas al caso aseguran que el número de víctimas habría alcanzado las 300, lo mismo que la cifra, que se disparó hacia un monto sideral.
En el centenar de víctimas, surgieron las historias personales, donde el efecto del daño causado alcanza consecuencias insospechadas. Una de ellas es la que cuenta Luciana Arnese, quien junto a su esposo Gabriel, se acercaron al negocio por el 'boca a boca' y debieron atravesar un duro proceso que afectó la salud de su familia en forma directa; así como su economía y la posibilidad de proyectar. Además, fueron denunciados por amenazas por quienes los habían estafado.
El relato de una familia estafada
"Nosotros teníamos que operar a mi hijo por una patología cardiológica", se concentra Luciana, que junto a su esposo decidieron invertir sus ahorros en una inmobiliaria que unos años atrás gozaba de prestigio y confianza. El plan era poder contar con el dinero para la fecha de la operación, programada para este año, pero la catástrofe se presentó unos meses antes.
“Fuimos a pedirle el dinero porque teníamos que operar a nuestro hijo y nos negaron la plata”, recuerda la mujer, sobre aquellas charlas de fines del año pasado. "Creíamos que tal vez ante esa situación se iban conmover, pero no, nos negaron la plata que era nuestra” y "nos terminaron denunciando por amenazas. Ahí entendimos la clase de personas que eran".
En paralelo, “nos encontramos con que la obra social tampoco nos cubría la ablación de Bauti”, así que “todas eran negativas y como padres estábamos completamente desesperados”. “Nunca nos imaginamos estar viviendo esta situación, sobre todo porque confiamos en las personas equivocadas”, resume.
Aunque prefiere no especificar el monto que hoy reclama por la vía judicial, Luciana cuenta que vive en Sunchales junto con su esposo Gabriel y sus dos hijos, Bauti de 10 y Sofi de 5. Son oriundos de Barrancas, pero “decidimos quedarnos a vivir en Sunchales” donde ejercen el comercio.
El Litoral.
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