Hay ocho profesionales de la salud imputados por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", que prevé penas de 8 a 25 años de prisión, y más de 130 mil audios.

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia clave en los Tribunales de San Isidro, con la presencia de Dalma, Gianinna y los abogados de las partes involucradas, en el marco de la causa por la muerte de Diego Armando Maradona. Hay ocho profesionales de la salud imputados por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", que prevé penas de 8 a 25 años de prisión, y más de 130 mil audios.

Las personas implicadas son el neurocirujano Leopoldo Luque (41), la psiquiatra Agustina Cosachov (37), el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (30), la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53), el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41), el enfermero Ricardo Omar Almirón (39), la enfermera Dahiana Gisela Madrid (38) y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).

A través de una audiencia técnica, la Justicia estimó un tiempo de 60 días para realizar algunas pruebas complementarias, como la pericia médica, la pericia arquitectónica de la casa de Tigre, donde se llevó a cabo la internación domiciliaria del Diez, y la realización de una inspección ocular, una maqueta y un plano del lugar.

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Si bien todavía no se programó una fecha exacta, se estima que el juicio por la muerte de Maradona sea a fin de año o a principios de 2024, según la palabra de Vadim Mischanchuk, abogado Cosachov. En el debate declararían al menos 200 testigos.

Por su parte, Rodolfo Baqué, defensor de Gisela Madrid, solicitó la recusación del Tribunal Oral en lo Criminal N°3, integrado por los jueces Verónica Mara Di Tommaso, Maximiliano Savarino y a la subrogante Julieta Makintach. Además, pidió un juicio oral y público con jurado popular, para que personas que no conocen el caso determinen la responsabilidad de su defendida.

Según la hipótesis fiscal planteada en el requerimiento de elevación a juicio, el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, sabía que el “10” podía morirse en el estado en el que se encontraba y no hizo nada para evitarlo.

Pese a ser un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados siempre estuvieron en libertad y así llegarán al juicio oral si se confirma para ellos.

La causa entró en la etapa final previa al juicio y es investigada por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra.

TyC Sports