Un juez ordenó quemar más de 11.500 juguetes y hubo polémica: ¿Por qué no se donaron?

Los juguetes que buscan ingresar de manera ilegal al país no atraviesan los controles normales de calidad y salud que deben tener.

En el 2017, la AFIP incautó alrededor de 11.690 juguetes que fueron incinerados en la localidad de Puerto Rico (Misiones). Había 6.651 juguetes a fricción, 1.791 muñecos humanos, 520 juguetes varios, 88 muñecos animales, 1.267 muñecos humanos y 1.373 juguetes varios. El suceso generó polémica en torno a la posibilidad de que se donaran en lugar de proceder a quemarlos.

Alejandro Gallandat, juez a cargo del Juzgado Federal de Oberá, explicó que esta decisión se tomó debido a que los juguetes presentaban una composición química peligrosa para la salud de los niños.

Esta causa se trata del secuestro de una carga de juguetes realizada en la zona de Corpus y cuatro personas están implicadas. Según explicó Gallandat, las cajas se encontraban guardadas en la comisaría de esa localidad y, debido al peligro que representaba su composición química, se procedió a tomar la decisión de incinerarlas.

“Los juguetes, debido a los componentes químicos que tenían y los materiales con los que estaban hechos, no eran aptos para la donación ya que representaban un riesgo para la salud”, explicó el juez federal.

Respecto del proceso de incautación, Gallandat comentó que, muchas veces, los juguetes que buscan ingresar de manera ilegal al país no atraviesan los controles normales de calidad y salud que deben tener. Por ende, al realizarse un estudio en éstos, se determinó la presencia de plomo, un componente nocivo para los niños.

“Ya se han comprobado que son nocivos para la salud sobre todo para quienes lo utilizan, que son los niños. Entonces, ante la información técnica de la Aduana de que estos juguetes no cumplían con los requisitos de seguridad no nos queda otra opción que proceder a su destrucción”, explicó.

Estos juguetes provenían de Paraguay, según se supo y, definitivamente, no estaban aptos legalmente para ser vendidos o comercializados, ya que no sólo ingresaban como contrabando al país sino que también eran muy riesgosos para la salud.

Gallandat remarcó que se procedió a ejecutar esta decisión recientemente, debido a que la comisaría de Corpus (donde se almacenaban los juguetes) necesitaba hacer uso del espacio que ocupaban las cajas. De esta manera, tras determinar su peligrosidad, el día 29 de junio se firmó legalmente el permiso para su destrucción.

En respuesta a las críticas recibidas por la decisión de incinerar estos artículos, remarcó que desde el Juzgado Federal de Oberá se realizan ayudas a la comunidad mediante donaciones, siempre que la legalidad y los objetos lo permitan: "Siempre que hay posibilidad de hacer algún tipo de disposición positiva, es decir, que sirva a la comunidad, tratamos de llevarlo a cabo. Considerando las herramientas que dispone la justicia para hacerlo", indicó.