El proyecto establece que quien haya iniciado el trámite jubilatorio y obtenido el beneficio pero demorado voluntariamente el cese, deberá jubilarse antes de que la nueva ley entre en vigencia. De lo contrario, tendrá que iniciar el expediente de cero.

El proyecto de reforma jubilatoria que promueve el gobierno de Maximiliano Pullaro en al provincia de Santa Fe plantea modificaciones profundas al sistema y tiene entre sus objetivos, desterrar prácticas especulativas de algunos actores que iniciaban sus trámites jubilatorios pero desistían de solicitar su cese. En la práctica, ello se traduce en agentes que tienen la jubilación concedida pero que, por conveniencia, siguen ejerciendo y cobrando como activos. La decisión del Poder Ejecutivo de "corregir" y evitar que situaciones de ese tipo se sigan produciendo tiene un destinatario directo: el Poder Judicial.

Según consignó el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, ante la consulta de El Litoral, en la provincia "hay jueces que han iniciado su trámite (y han obtenido el beneficio) hace treinta años", pero siguen desempeñándose como magistrados. El caso puede resultar extremo pero también, paradigmático. A partir de la nueva ley, si se sanciona, quienes se encuentren en dicha situación, deberán solicitar el cese y jubilarse; de lo contrario, se verán obligados a reiniciar el trámite, y con los parámetros del nuevo sistema.

Los que están en regla

Bastía aclaró que la reforma jubilatoria no afectará a los trámites en curso según el actual régimen, sino que apuntará contra "esa especulación con el tiempo que hacían muchos activos, iniciando el trámite pero nunca terminándolo ni acogiéndose a los beneficios jubilatorios".

Consignó que eso está contemplado en una cláusula transitoria, que reconoce distintos momentos: cuando existe dictamen jurídico, cuando el agente está gozando de vacaciones atrasadas, o cuando operan distintas instancias en las que el trámite sigue en pie. "Todos ellos - precisó-, lógicamente si cumplen la totalidad de los requisitos, se van a jubilar con el régimen de hoy. La ley se va a aplicar a partir de su promulgación, pero esos casos que están todavía vivos, en trámite, concluirán de acuerdo con el viejo sistema con el que fueron iniciados". Sostuvo, al respecto, que también la Caja tiene "la obligación" de completar el trabajo pendiente en "90 días, por lo que los derechos de las personas que están gestionando, si reúnen los requisitos, no van a tener ningún problema", garantizó.

LEE: Reforma previsional: "Buscamos corregir un déficit que crece de manera exponencial y que pagan todos los santafesinos"

Los que especulan

Sin embargo, aclaró que habrá otro trato para quienes especularon. Ello está contenido en la cláusula transitoria, que configura el artículo 48 del proyecto de ley. "Hemos dicho que la Caja permitió todo tipo de avivadas y vulnerabilidades. Muchos vieron y eran muy conscientes de que la Caja iba perdiendo sustentabilidad todos los días y aumentaba el déficit permanentemente. Una de las grandes avivadas, entonces, fue que con acciones que no me parecen ejemplares, se aseguraron el beneficio hace 4, 5 ó 10 años. Hay un juez que lo tiene hace más de 30 años. Hay muchos otros casos (de jueces) que tienen hace varios años el beneficio, pero no acompañan en el cese", denunció.

Frente a ello, anunció que de aprobarse la norma, "todas las personas que han paralizado sus expedientes voluntariamente por más de seis meses de manera anterior a la promulgación de la nueva ley, deberán ir a Liga de Origen. Es decir, deberán iniciar el trámite de nuevo y se le aplicará el nuevo régimen jubilatorio".

Imagen ilustrativa. Crédito: Mauricio Garín

En los hechos, si el magistrado que inició su trámite jubilatorio, obtuvo el beneficio pero dilató el cese por más de seis meses, deberá retirarse antes de que entre en vigencia el nuevo sistema. De lo contrario, se verá obligado a iniciar de cero el expediente, y con los nuevos parámetros – menos ventajosos- del régimen previsional. Si ésa fuese, incluso, la situación de los ministros de la Corte actual – muchos de los cuales ya han iniciado el trámite-, se verían forzados a dejar sus cargos.

"Para la sociedad es vergonzante y reprochable que se especule con el sistema en estos casos para el acceso a un beneficio que son de los más altos que puedan obtenerse, en pos de asegurarse el mejor haber, ante posibles cambios", concluyó Bastía.

Ivana Fux-Diario El Litoral