"La sobrepoblación penal es extremadamente crítica": la polémica carta del jefe de las cárceles de la provincia

El Servicio Penitenciario provincial lleva dos años en máxima tensión. Lo curioso del asunto es que nada de lo descripto resulta novedoso en los despacho de jueces y fiscales.

La nota lleva la firma del alcaide mayor Darío Rossini, director general del Régimen Correccional de la provincia de Santa Fe, y está dirigida a la Corte Suprema de Justicia, a los colegios de jueces, al Servicio Público Provincial de Defensas Penal y al Ministerio Público de la Acusación.

Fechada el 31 de marzo, el comunicado dice que la situación de "sobrepoblación penal en los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario de Santa Fe" es "extremadamente critica", al punto que "no permite contar con espacios para seguir alojando detenidos provenientes tanto de la órbita policial como para las reubicaciones dentro de las instalaciones dependientes del SP".

Además, la carta hace notar la encerrona en la que quedó el Servicio Penitenciario, entre fallos que le ordenan garantizar derechos y ordenan bajar el número de detenidos en Piñero y, por el otro lado, envían cada vez más presos porque se prohíbe el alojamiento en instalaciones policiales.

"Los establecimientos se encuentran colmados y seriamente comprometidos respecto a la situación de sobrepoblación que presentan, esta situación conlleva una vulneración de derechos al producir hacinamiento, obstaculizar el acceso a derechos básicos y profundizar las condiciones materiales en las que se desarrolla la perdida de la libertad y fundamentalmente poniendo en serio riesgo la seguridad de los establecimientos penales”, dice Rossini.

Los números

Al 31 de marzo, se informa que en todo el Servicio Penitenciario había 7573 internos, "siendo la capacidad máxima de alojamiento 5894".

La nota de Rossini explica que no sólo es la falta de espacio, sino que la situación repercute en la nutrición de los internos, la limpieza, los cupos disponibles para actividades, la atención de equipos criminológicos y el abordaje de los traslados.

Para hacer una proyección, a la provincia "le falta una cárcel de Piñero entera". Rossini cita el ejemplo; explica que dicha cárcel "tiene 960 celdas, de las cuales 640 son dobles y 320 individuales. Si se mantuviera el alojamiento de dos presos por celda, la capacidad sería de 1920, pero en la actualidad la U11 tiene 2113".

En la cárcel de Coronda, la más grande de la provincia, informa que todas las celdas tienen dos internos y que ya no admite nuevos ingresos. La población alojada de 1956 detenidos "es un pico histórico". Además, respecto al caso de Rosario, "la sobrepoblación también resulta de que toda persona detenida por orden fiscal debe ingresar a la órbita del SP sin permanecer alojado en establecimientos policiales".

A eso se agrega el derrotero incierto y confuso que viene teniendo el SP con la actual administración: en diciembre de 2019 la seguridad pasó a la órbita del Ministerio de Justicia y en 2021 volvió todo para atrás. Ahora, está de nuevo en la cartera que tiene a Jorge Lagna de ministro.

En un párrafo, Rossini detalla que la población carcelaria santafesina en 2014 era de 3.435 internos y evolucionó de la siguiente manera: 2015 pasó a 3.788; en 2016 a 4.465; en 2017 llegó a 5.082; en 2018 a 5.949; en 2019 a 6.453; en 2020 a 6.654; en 2021 a 7.199, y en 2022 hay 7.523.

AUTOR

Radio Rafaela

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