Pullaro afirmó que la cárcel “El Infierno” romperá definitivamente el vínculo del delito con el afuera
El gobernador recorrió la Unidad Penitenciaria N° 8, una obra inédita en el país pensada para aislar a presos de alto perfil y desarticular organizaciones criminales desde su núcleo
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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, supervisó este viernes el avance de la Unidad Penitenciaria N° 8, el complejo carcelario de máxima seguridad que el Ejecutivo provincial denomina “El Infierno”. Se trata de una infraestructura sin precedentes en la Argentina, diseñada para alojar a detenidos de alto perfil y cortar de manera definitiva la operatoria delictiva desde el encierro.
Durante la recorrida, Pullaro subrayó la magnitud del proyecto y el ritmo de ejecución. Señaló que en el predio trabajan de manera simultánea doce grúas, una imagen poco habitual incluso en grandes obras urbanas. “Esto habla de la decisión política y de la inversión que estamos llevando adelante para terminar una infraestructura clave”, sostuvo.
Un complejo carcelario sin antecedentes
El mandatario explicó que el emprendimiento no se limita a una sola cárcel. En el predio se construyen tres nuevas unidades penitenciarias. La primera, destinada específicamente a presos de alto perfil, tendrá capacidad para 150 internos y podría estar finalizada entre septiembre y octubre de este año.
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En paralelo, avanzan otras dos cárceles de gran escala, cada una con capacidad aproximada para 1.950 detenidos. Una de ellas estaría concluida hacia fines de 2026 o comienzos de 2027, mientras que la tercera se proyecta para mediados de ese mismo año. En conjunto, el plan ampliará de forma sustancial la capacidad del sistema penitenciario santafesino.
Pullaro enmarcó la obra dentro de una política integral de seguridad pública. Remarcó que la estrategia no se limita al accionar policial o a la incorporación de tecnología, sino que incluye un control efectivo de la población carcelaria. “Durante muchos años, una parte importante de los delitos violentos se ordenaban desde las cárceles. Eso no puede volver a suceder”, afirmó.
Celdas individuales y aislamiento real
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la individualización de los detenidos. Cada interno contará con una celda propia y permanecerá bajo control permanente del Servicio Penitenciario. El contacto con otros reclusos estará estrictamente regulado y sólo se permitirá, en casos excepcionales, en grupos muy reducidos.
El gobernador recordó que el sistema actual, con pabellones que alojan a más de 200 personas, facilitó durante años la reproducción de la violencia y la captación de internos de bajo perfil por parte de delincuentes más experimentados. “Una persona que entraba por un delito menor terminaba compartiendo espacio con alguien con varios homicidios encima”, graficó.
En la cárcel de alto perfil, los internos sólo podrán compartir patio si así lo autoriza la Secretaría de Inteligencia Criminal, la Secretaría de Investigaciones y el Servicio Penitenciario. Incluso en esos casos, el número máximo será de doce personas.
Presos de alto perfil y visitas restringidas
El complejo está pensado para alojar a unos 500 presos de alto perfil que actualmente tiene la provincia, distribuidos en tres niveles de peligrosidad. Según detalló Pullaro, hay alrededor de 70 internos en el nivel 1, 166 en el nivel 2 y cerca de 300 en el nivel 3, todos con vínculos comprobados con organizaciones criminales.
En cuanto al régimen de visitas, el gobernador fue contundente: el contacto con el exterior será mínimo. Sólo se permitirán visitas familiares cuando exista una orden judicial expresa, bajo estrictas medidas de seguridad y a través de blindex, sin contacto físico.
La infraestructura incluye muros especiales, un doble cerco perimetral que permite la circulación de vehículos de control y torreones de vigilancia de hasta 14 metros de altura. A eso se suma un sistema de monitoreo permanente con cámaras en pabellones, perímetros y zonas aledañas.
Pullaro cerró con un balance de gestión: recordó que en un siglo se construyeron unas 3.500 celdas en la provincia, mientras que su gobierno proyecta superar ese número en apenas cuatro años. “Vamos a ser el gobierno que más cárceles hizo en Santa Fe”, concluyó.
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