Histórico: Esta es la nueva constitución de la provincia de Santa Fe

La provincia de Santa Fe contará con su nueva Constitución, que será aprobada este miércoles en la Convención Reformadora tras un amplio debate y con el acompañamiento mayoritario de los bloques políticos. El texto, que será jurado el viernes y entrará en vigencia el lunes con su publicación en el Boletín Oficial, marca un hito institucional en la historia santafesina.

Este 9 de septiembre de 2025 marcó un punto de inflexión en la vida política santafesina. La Comisión Redactora de la Convención Reformadora presentó el dictamen de mayoría, que ordena y actualiza la Constitución provincial. La última gran reforma databa de 1962, por lo que el nuevo texto busca adecuarse a los desafíos de un mundo transformado en materia de derechos, ambiente, transparencia y tecnología.

La nueva Constitución conserva la estructura republicana y democrática, pero incorpora principios modernos: equidad de género, memoria activa, sostenibilidad ambiental, inclusión social y reconocimiento de derechos de cuarta generación.

Nuevos derechos y garantías

La propuesta amplía el catálogo de derechos individuales y colectivos. La salud se consagra como un derecho fundamental, garantizado por un sistema público, gratuito y de calidad. Se reconoce al medicamento como un bien social y se promueve la producción pública.

El trabajo es definido como un derecho humano y un deber social. Se establecen condiciones como salario justo, jornada limitada, desconexión digital y prevención de la violencia laboral.

El acceso a un ambiente sano y equilibrado pasa a ser un derecho de todos los habitantes. El agua se declara un bien colectivo, con acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento.

La igualdad y la no discriminación aparecen reforzadas. La Constitución reconoce desigualdades estructurales y ordena al Estado aplicar políticas activas para reducirlas, con atención a la infancia, las mujeres, las juventudes, las personas mayores, con discapacidad e indígenas.

Se incorporan además derechos vinculados al mundo digital: acceso a la conectividad, alfabetización digital crítica, protección de datos personales y regulación de algoritmos e inteligencia artificial para evitar sesgos y discriminación.

Educación, cultura y participación ciudadana

La educación se garantiza como gratuita, laica, inclusiva y universal. La obligatoriedad llega hasta el nivel secundario y se refuerza la vinculación entre la escuela y el trabajo. La alfabetización digital, la educación ambiental y la promoción de la salud se incorporan como ejes transversales.

La cultura se reconoce como derecho y como patrimonio colectivo. Se promueve la diversidad cultural, la protección del patrimonio material e inmaterial y el fortalecimiento de bibliotecas y espacios de memoria.

En materia política, se amplían los mecanismos de participación ciudadana. La iniciativa popular, el referéndum, la consulta y la revocatoria de mandato se incorporan como herramientas concretas. Las audiencias públicas serán obligatorias en leyes ambientales y de servicios públicos.

El voto sigue siendo universal, igual y obligatorio, e incluye a extranjeros en elecciones provinciales y municipales.

Organización del Estado y controles

El Poder Legislativo mantiene su carácter bicameral. La Cámara de Diputados tendrá 50 miembros electos por representación proporcional y paridad de género. El Senado se compone de un representante por cada departamento.

El Poder Ejecutivo estará a cargo del gobernador y vice, con mandatos de cuatro años y posibilidad de una sola reelección consecutiva.

El Poder Judicial se moderniza con una Corte Suprema de siete miembros, paridad de género y representación territorial. Se fortalecen el Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa, que funcionarán con autonomía.

Entre los organismos de control, se consolidan el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, con misión de garantizar transparencia, eficiencia y protección de derechos frente a la administración pública.

Municipios, federalismo y ambiente

La autonomía municipal es uno de los ejes más destacados. Los municipios tendrán capacidad plena en los órdenes institucional, político, administrativo y financiero. Los que superen los 10.000 habitantes podrán dictar su propia carta orgánica.

La coparticipación se garantiza mediante un sistema automático y solidario, con criterios de equidad y proporcionalidad.

Se habilitan convenios intermunicipales y la creación de regiones y áreas metropolitanas para impulsar desarrollo, obras públicas y cooperación institucional.

La reforma incorpora un fuerte enfoque ambiental. Se establece la obligación de políticas climáticas de mitigación y adaptación, la preservación de humedales, bosques y biodiversidad, y la protección de los derechos de las generaciones futuras.

Lo que viene

Las disposiciones transitorias ordenan la entrada en vigencia de la nueva Constitución a partir de su publicación. Todas las autoridades provinciales y municipales deberán jurarla en un plazo de 30 días.

Algunas normas tendrán implementación progresiva. Por ejemplo, la ley de coparticipación deberá aprobarse en un plazo máximo de dos años y la nueva Ley Orgánica de Municipios, en uno.

La reforma también aclara que los mandatos provinciales actuales no serán considerados como primer período, salvo el del gobernador y la vice.

Hacia una Constitución moderna

La reforma constitucional propuesta por la Convención Reformadora busca colocar a Santa Fe en sintonía con el siglo XXI. No se limita a actualizar formalidades: amplía derechos, incorpora la agenda ambiental y digital, fortalece la transparencia y otorga a los municipios un rol protagónico.

El debate en el plenario será decisivo. Pero, de aprobarse, la provincia pasará a tener una de las constituciones más modernas del país, capaz de responder a los desafíos de una sociedad diversa, digital y en permanente transformación.

María Josè Valdez - El Litoral