Buscan validar el primer informe sobre la ley de microtráfico en Santa Fe
Diputados de Unidos presentaron un proyecto para aprobar el informe bianual elaborado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. El trabajo reúne datos sobre procedimientos, denuncias ciudadanas, derribo de puntos de venta de droga e impacto sobre los homicidios.
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Un grupo de diputados provinciales de Unidos presentó un proyecto de ley para aprobar el primer informe bianual sobre la aplicación de la ley de microtráfico en Santa Fe y, al mismo tiempo, establecer como obligatoria la presentación periódica de ese documento ante la Legislatura.
La iniciativa fue impulsada por el diputado radical José Corral y cuenta con el acompañamiento de los restantes legisladores de la UCR, las diputadas del PRO y el diputado Walter Ghione, de UNO. El planteo apunta a validar el informe correspondiente al período 2023-2025, elaborado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la adhesión provincial a la persecución penal del microtráfico de estupefacientes.
En los fundamentos, Corral sostuvo que la Ley N° 14.239, sancionada el 14 de diciembre de 2023, constituyó “una respuesta político-criminal de primer orden” frente a una situación de emergencia en materia de seguridad pública. Según el informe bianual, las muertes violentas vinculadas a grupos criminales y economías ilegales pasaron del 26% en 2014 al 60% en 2023, con una fuerte presencia de armas de fuego en esos hechos.
El diagnóstico también remarca que en el departamento Rosario la tasa de homicidios llegó en 2022 a 22,24 muertes cada 100.000 habitantes, más de cinco veces por encima de la media nacional. A partir de ese escenario, los legisladores oficialistas consideran que la adhesión a la ley permitió dotar al Estado provincial de herramientas normativas y operativas para intervenir directamente sobre los puntos de venta de drogas.
Denuncias, procedimientos y derribos
El informe señala que entre el 29 de diciembre de 2023 y el 29 de diciembre de 2025, el MPA registró 24.843 ingresos por hechos vinculados al microtráfico en toda la provincia. El pico se produjo en diciembre de 2025, con 1.507 ingresos, casi 50 por día.
También se destacó el crecimiento de la participación ciudadana a través del sistema 0800-SAE-CAD 911. Las denuncias aumentaron un 153% entre 2023 y 2024 y luego registraron una suba adicional del 24,7% entre 2024 y 2025.
En cuanto a las intervenciones directas, desde comienzos de 2024 se realizaron más de 60 inactivaciones y derribos de puntos de venta de estupefacientes en distintas localidades, entre ellas Rosario, Santa Fe, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela. El informe destaca que solo durante el primer mes de vigencia de la norma se derribaron cinco búnkeres.
Corral sostuvo que los resultados obtenidos durante los dos primeros años “acreditan resultados concretos y sostenidos” y justifican la continuidad de la política. Además, vinculó la intervención sobre puntos de venta con la baja de homicidios dolosos registrada en la provincia al cierre del primer trimestre de 2025.
Una estructura específica contra el microtráfico
El proyecto también pone el foco en la construcción institucional que acompañó la aplicación de la ley. En el ámbito del MPA se conformó el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico, se aprobó el Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados y se creó la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, con presencia territorial en toda la provincia.
En paralelo, dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad se fortaleció la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones, que pasó de 92 a 133 efectivos especializados. También se crearon dispositivos específicos como la Unidad de Gestión de Intervención de Puntos de Venta de Estupefacientes, el DIPROCACE y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales.
El informe cuantifica además la inversión realizada: más de $116.000 millones ejecutados en 2024 y $129.000 millones en 2025 por el Ministerio de Justicia y Seguridad, a lo que se suman $117 millones invertidos por el MPA en infraestructura y equipamiento.
Control legislativo sin frenar la continuidad
La ley vigente establece que, transcurridos 24 meses desde su entrada en vigencia, la autoridad de aplicación debe elaborar un informe de evaluación y remitirlo a la Legislatura para su análisis, con el objetivo de determinar la continuidad de la norma.
El proyecto presentado por Corral busca modificar ese artículo para que la política quede plenamente operativa como una herramienta permanente del Estado provincial. La propuesta no elimina el control legislativo, sino que lo transforma en una instancia periódica de seguimiento y rendición de cuentas, sin condicionar la continuidad de la ley a una nueva decisión parlamentaria.
Para los legisladores que acompañan la iniciativa, el informe de los primeros dos años muestra que la persecución del microtráfico permitió fortalecer la presencia estatal en territorios atravesados por economías ilegales, mejorar la articulación institucional y generar información clave para orientar la política criminal de la provincia.
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