Amenazas en escuelas: la Provincia ya tramita 39 expedientes y se concretó el primer pago voluntario

Las intimaciones impulsadas por el Gobierno de Santa Fe para recuperar los costos operativos derivados de falsas amenazas en escuelas ya suman 39 expedientes tramitados en toda la provincia y registraron el primer pago voluntario por parte de una familia, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad provincial.

De acuerdo a la información oficial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) remite las actuaciones penales vinculadas a amenazas y, a partir de allí, el área legal y técnica de la cartera de Seguridad confecciona los expedientes administrativos que luego son notificados por personal policial a las familias.

“Ellos le pasan al área legal y técnica la información, nosotros armamos el expediente y lo pasamos a la Policía para que notifiquen”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad.

Hasta el momento, se tramitaron 39 expedientes, aunque aclararon que cada uno puede contener más de una notificación. “A los padres separados se les notifica a cada uno y algunas personas reciben más de una notificación porque el nene o la nena lo hizo varias veces”, explicaron.

En paralelo, desde la cartera indicaron que el número de amenazas registró una fuerte baja en las últimas semanas. “El pico llegó a casi 90 en una jornada. Pero hace unos días que está en cero”, aseguraron.

Primer pago voluntario

La primera familia que aceptó afrontar el reclamo económico pertenece a una localidad chica del centro-norte santafesino y corresponde a una pareja separada. Según detallaron fuentes oficiales, el monto total supera los 2 millones de pesos.

“Hubo un pago voluntario. Vino la mamá y pagó la mitad y el papá tenía que pagar la otra mitad”, indicaron. La Provincia sostiene que se trata de un resarcimiento económico por los costos generados por los operativos policiales y no de una sanción penal.

Mientras avanzan las notificaciones, comenzaron también los cuestionamientos legales de parte de abogados patrocinantes de algunas familias intimadas. Según trascendió, algunas defensas sostienen que los hechos denunciados no encuadran necesariamente en el delito de amenazas, ya que este tipo penal requiere condiciones específicas como la existencia de un daño concreto, una persona determinada y un contexto real de coerción.

El eje central de la discusión jurídica pasa además por la posibilidad de que el Estado exija el pago de estos montos sin intervención judicial previa. Desde algunas defensas argumentan que la responsabilidad penal es personal e intransferible, por lo que no podría recaer sobre los padres, mientras que la eventual responsabilidad civil sí podría trasladarse, aunque mediante una sentencia judicial previa.

Frente a esos planteos, desde el Ministerio de Seguridad ratificaron que continuarán adelante con la vía administrativa. La estrategia oficial busca recuperar los costos generados por los operativos de evacuación y despliegue policial que demandan las amenazas en escuelas, episodios que durante semanas alteraron el normal funcionamiento de establecimientos educativos en distintas ciudades santafesinas.