Amenazas de disparos y bombas en escuelas: ¿cuánto le saldrá la "bromita del hijo" a papá y mamá?

El Gobierno de Santa Fe comenzó a avanzar formalmente con el recupero de los costos de los operativos desplegados ante falsas amenazas en escuelas, una medida que apunta a reclamar a los adultos responsables el dinero que el Estado debió destinar a cada intervención.

La decisión quedó plasmada en la Directiva N° 05/2026, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien instruyó a la Subsecretaría Legal y Técnica para que inicie de manera inmediata las acciones administrativas y judiciales necesarias, en coordinación con Fiscalía de Estado.

La medida se apoya en los avances de las investigaciones realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ya permitieron identificar a varios de los responsables de estos episodios. Según se informó, en todos los casos se trata de menores de edad, por lo que el reclamo económico se dirigirá a sus padres o adultos responsables.

Un costo millonario por cada amenaza

De acuerdo con los datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones relacionadas con amenazas en ámbitos escolares. De ese total, 148 ocurrieron entre el 16 y el 20 de abril y otras 10 se sumaron el día 21.

Cada uno de esos procedimientos implica un costo base estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, monto que puede incrementarse según la magnitud del despliegue, los recursos humanos movilizados, la logística y los materiales utilizados.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que esos operativos demandan una estructura compleja y afectan de manera directa el funcionamiento del sistema de seguridad, ya que obligan a desviar personal y recursos que podrían estar destinados a tareas preventivas en otros sectores.

Cómo será el procedimiento de cobro

El mecanismo de recupero se activa una vez que se identifica a los responsables. A partir de allí, se inicia un proceso administrativo de relevamiento y cuantificación de costos, con la conformación de un expediente individual por cada caso.

Luego, se libra una intimación formal de pago a los adultos responsables, quienes cuentan con un plazo determinado para afrontar la deuda.

Si no cumplen, se dará intervención a Fiscalía de Estado, que impulsará las acciones judiciales correspondientes. En ese escenario, el reclamo podría sumar además intereses, costas y gastos judiciales.

Desde el Gobierno aclararon que este cobro no constituye una sanción penal accesoria, sino un resarcimiento civil por los gastos que afrontó la Provincia a raíz de la conducta de menores bajo responsabilidad adulta. Por ese motivo, no será necesario esperar una sentencia penal para avanzar con el reclamo patrimonial.

“No son bromas”

Las autoridades provinciales insistieron en que este tipo de amenazas no puede ser minimizado ni interpretado como una travesura. “No se trata de bromas: son conductas que generan consecuencias reales”, remarcaron desde el Gobierno, al tiempo que subrayaron que cada intervención deja momentáneamente sin cobertura otras tareas de prevención y seguridad.

Además, recordaron que las amenazas en escuelas son conductas tipificadas en el Código Penal, por lo que a las consecuencias económicas puede sumarse la actuación de la Justicia en el plano penal. En ese marco, la Provincia volvió a hacer un llamado a las familias para que acompañen y supervisen a niñas, niños y adolescentes, y para que dimensionen la gravedad institucional y social que tienen este tipo de hechos.