Una niña embarazada tras una violación y el dilema sobre quién toma la mejor decisión para ella

Un complejo caso de una nena de 12 años en la provincia de Córdoba puso a la Justicia y a los equipos técnicos en la tarea de resolver en pos de su integridad física y emocional. La decisión de la niña no coincide con las recomendaciones y con las resoluciones judiciales.

 

El embarazo de una nena de 12 años producto de una violación y en un contexto de extrema vulnerabilidad en el sur de la provincia de Córdoba activó el dilema en torno al poder de decisión en pos de su integridad física y emocional.

La niña, que había sido recientemente alejada de su madre por sospechas de malos tratos, fue asistida por un equipo técnico interdisciplinario que le informó con el principio de transparencia activa cuáles son los riesgos concretos para su salud de transitar un embarazo a su corta edad, tal cual lo establece la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo y lo habilita el Código Penal desde 1921 para casos de abortos no punible.

A su vez, un tribunal que evaluó los informes de los peritos, determinó que la niña de apenas 12 años no tiene edad suficiente para decidir por sí misma.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), en tanto, solicitó a la Justicia que se expida acerca de qué adulto de su círculo debería tener el poder de decisión. La persona indicada autorizó una interrupción legal del embarazo, según expresaron a este diario fuentes oficiales que siguen el caso de cerca.

No obstante, esa disposición también debe ser enmarcada dentro de lo que establece la ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que indica que toda decisión del Estado debe procurar el bien superior del niño y también su derecho a la escucha.

El caso tiene complejidades particulares que este serán relevadas para evitar la revictimización de la niña, tal cual lo establecen los protocolos de tratamiento de información sobre niños y también sobre violencia de género.

En el caso intervinieron múltiples organismos locales, provinciales e incluso nacionales para poder darle un correcto acompañamiento, según pudo corroborar este diario.

La abuela de la niña está tramitando su guarda, y pedirá ser querellante en la causa por los abusos, que aún no tiene imputados ni detenidos. “Es una pesadilla de larga data, (los abusos) habrían sido sostenidos en el tiempo; hay varios sospechosos”, narró María Amelia Moscoso, la abogada de la abuela y miembro de la asociación Portal de Belén. Hasta ahora, no hay personas imputadas ni detenidas.

En su opinión, “ha sido una niña invisible para el sistema, que llegó tarde para protegerla”. En esa línea, destacó que técnicos “están evaluando su grado de madurez, su registro” dada su corta edad. Agregó que “la han valorado y en principio no habría mayores complicaciones para que se cumpla lo que ella pide, que es seguir adelante con el embarazo”.

A su juzgar, no hay que omitir que

“Si bien está previsto la posibilidad de acceder a la práctica de aborto en casos de abuso sexual, hasta el noveno mes; también tiene que quedar claro que el aborto es una posibilidad y no una obligación. Y respetar la autonomía y la voz de la niña es muy importante, mientras eso sea posible”.

La discusión se centra en que, una vez que el abuso y embarazo se produjo, cualquier salida a la situación constituye una difícil toma de decisiones, tanto para esa niña como para los actores estatales que acompañan el caso: una maternidad adolescente o un aborto.

NÚMEROS PARA DENUNCIAS DE ABUSO

Línea 102. Servicio telefónico gratuito brindado por Senaf, que sirve para orientar y denunciar situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Línea 137 de Nación.  Recepta denuncias y brinda atención a víctimas de violencia familiar y sexual.