Una mujer salió a tirotear dos casas en Frontera e hirió a una mujer: ya recibió su condena
Se trata de Estefanía Gisel Ayala, de 30 años. La sentencia fue dictada en los tribunales de Rafaela en el marco de un juicio oral en el que intervino el fiscal Martín Castellano.
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Una mujer identificada como Estefanía Gisel Ayala, de 30 años, fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por delitos cometidos con un arma de fuego en la ciudad de Frontera, departamento Castellanos.
La sentencia fue impuesta por el juez Javier Bottero en el marco de un juicio oral que finalizó este martes por la mañana en los tribunales de Rafaela.
El fiscal que representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate fue Martín Castellano, a cargo de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5. Tras conocerse la resolución, Castellano expresó su conformidad con lo dispuesto por el magistrado.
“Si bien aún no conocemos los fundamentos del juez, valoramos que la sentencia condenatoria se dispuso por las calificaciones penales que habíamos planteado en la acusación y en nuestros alegatos”, sostuvo el fiscal.
Los hechos juzgados
Los hechos por los que Ayala fue condenada ocurrieron minutos después de las 16:30 del miércoles 8 de enero del año pasado.
Según sostuvo Castellano durante el juicio, la mujer realizó dos disparos en dirección a la fachada de una vivienda ubicada en Calle 5 al 100, en Frontera. Segundos después, se dirigió a otra casa ubicada en Calle 54 al 100, donde también disparó hacia el frente del inmueble. En el interior de esa vivienda se encontraba una mujer, quien recibió el impacto de un proyectil en su pierna izquierda.
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El representante del MPA detalló que Ayala utilizó un arma de fuego de puño que no estaba legalmente autorizada a tener ni portar.
Además, indicó que luego de los ataques la condenada se retiró del lugar en un automóvil y, mientras se alejaba, continuó realizando disparos hacia distintas direcciones.
La condena
Ayala fue condenada como autora de los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y lesiones graves dolosas agravadas por el empleo de arma de fuego. La pena impuesta fue de cuatro años y seis meses de prisión efectiva.
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