“Un tropezón no es caída”, pero este terminó en una indemnización de $9 millones

Una mujer que transitaba por una vereda de Resistencia, provincia de Chaco, sufrió un grave accidente al tropezar con una baldosa faltante. Tras caer al suelo, padeció diversas lesiones físicas y daños materiales en sus pertenencias, lo que motivó el inicio de una demanda por daños y perjuicios contra Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado, conocida como SECHEEP.

El caso escaló hasta la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la capital chaqueña. El tribunal ratificó la sentencia de primera instancia, obligando a la empresa estatal a abonar una indemnización superior a $9.000.000, más los intereses correspondientes, al considerar que la firma es responsable por el deficiente estado de conservación del sector.

Según consta en el expediente, la víctima no solo sufrió heridas personales, sino que también perdió sus anteojos y su teléfono celular durante el impacto. La mujer sostuvo que el deterioro evidente de la infraestructura urbana fue la causa directa del siniestro, señalando a SECHEEP como el organismo encargado del mantenimiento del área donde ocurrió el hecho.

La empresa estatal intentó revertir el fallo mediante una apelación, argumentando que una vereda no constituye necesariamente un elemento peligroso. Además, la compañía cuestionó la falta de registros fílmicos o fotográficos del momento exacto del tropiezo y puso en duda los montos fijados por incapacidad sobreviniente, daño moral y los perjuicios materiales reclamados por la damnificada.

Pruebas determinantes para el fallo

A pesar de la postura de la empresa, el juicio incorporó una constatación notarial clave. Un escribano público verificó el estado del lugar, confirmando la existencia de desniveles importantes y baldosas faltantes. El informe detalló que, en promedio, se registraba una pieza faltante cada cinco baldosas, lo que representaba un riesgo constante para los peatones que circulaban por la zona.

Asimismo, el testimonio de dos personas que encontraron a la mujer tendida en el suelo inmediatamente después del accidente resultó fundamental. Estos relatos permitieron reconstruir la secuencia de los hechos, otorgando sustento a la demanda a pesar de la ausencia de testigos presenciales que hubieran observado el instante preciso en que la mujer perdió el equilibrio.

El 2 de octubre de 2026, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones, integrada por las juezas Eloisa Barreto y Wilma Martínez, rechazó los argumentos de la defensa. Las magistradas subrayaron que una vereda en mal estado compromete la seguridad pública y que las pruebas presentadas eran suficientes para acreditar la responsabilidad civil de la empresa estatal en el suceso.

El tribunal confirmó los conceptos indemnizatorios, incluyendo un daño moral de $250.000 y el resarcimiento por los objetos personales destruidos. Finalmente, la Cámara ratificó el pago de la suma millonaria e impuso las costas del proceso de apelación a SECHEEP, cerrando así un caso que sienta un precedente sobre la responsabilidad de las empresas estatales en el mantenimiento de la vía pública.