Un revólver y una persecución: quedó preso tras el intento de robo a un adolescente

Un hombre de 25 años identificado por sus iniciales EAS quedó en prisión preventiva por 90 días mientras avanza una investigación por una tentativa de robo calificado cometida en Rafaela.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Lorena Korakis, durante una audiencia realizada en los tribunales rafaelinos. El juez Javier Bottero resolvió hacer lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley.

El hecho investigado

Según relató la fiscal Korakis, el episodio ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del martes 8 de septiembre, en una vivienda ubicada en calle Progreso al 200 de Rafaela.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado al patio delantero de la propiedad, donde se encontraba un adolescente, y le habría exigido la entrega de un teléfono celular y una campera.

Ante la negativa de la víctima, el hombre habría extraído de una mochila un revólver calibre 32 y lo habría utilizado para intimidarlo.

La situación cambió cuando el adolescente comenzó a pedir auxilio a otra persona que estaba dentro de la vivienda, por lo que el agresor se retiró del lugar. Minutos después habría regresado, pero al advertir la presencia policial decidió escapar.

Durante la persecución, según informó la Fiscalía, el imputado descartó el arma de fuego en la caja de una camioneta estacionada en la vía pública y finalmente fue aprehendido por los agentes.

El revólver fue secuestrado y, según las pericias realizadas, estaba cargado con dos proyectiles, aunque no era apto para el disparo.

Fundamentos de la prisión preventiva

La fiscal explicó que el juez consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa de la investigación, la posible participación del imputado en el hecho.

Además, se tuvo en cuenta que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo debido a que el hombre cuenta con un antecedente penal condenatorio.

Korakis señaló que también fueron considerados los riesgos procesales, principalmente la necesidad de resguardar las declaraciones de la víctima y los testigos. Según la Fiscalía, las medidas alternativas propuestas por la defensa no resultaban suficientes para neutralizar esos riesgos.

El imputado fue acusado como presunto autor del delito de tentativa de robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada.