Seguirá presa la agente de la PDI Reconquista acusada de filtrar datos sobre allanamientos por microtráfico
La Justicia rechazó el pedido de la defensa de Estefanía Evelyn Oviedo para morigerar la prisión preventiva. La Fiscalía sostuvo la gravedad institucional del caso y el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
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La Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de Estefanía Evelyn Oviedo, agente de la Policía de Investigaciones (PDI) de Reconquista, imputada por presuntamente haber filtrado información sobre allanamientos vinculados a causas de microtráfico en la ciudad de Avellaneda.
La decisión fue adoptada este miércoles durante una audiencia de revisión realizada en los Tribunales de Reconquista. El juez Mauricio Martelossi rechazó el pedido de morigeración solicitado por la defensa y ratificó la medida cautelar que ya había sido dispuesta semanas atrás.
El fiscal Sebastián Galleano explicó que una nueva defensa de la imputada presentó informes médicos y socioambientales con el objetivo de demostrar circunstancias que justificaran una revisión de la prisión preventiva.
Sin embargo, la Fiscalía se opuso al planteo y sostuvo que los elementos incorporados no modificaban la valoración de los riesgos procesales.
La causa por la filtración de información
La investigación se inició a partir de la presunta filtración de datos relacionados con 18 allanamientos realizados el 29 de mayo en Avellaneda, en el marco de procedimientos destinados a desarticular puntos de venta de droga al menudeo.
Según recordó el fiscal, tanto Oviedo como otro integrante de la PDI fueron imputados por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso generó fuerte impacto institucional, ya que involucra a personal policial que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría brindado información sensible sobre medidas judiciales en curso.
“Gravedad institucional” y riesgo de entorpecimiento
Durante la audiencia, Galleano argumentó que los informes presentados por la defensa no constituían hechos nuevos suficientes para modificar la medida cautelar.
“Esta Fiscalía se opuso al pedido y explicó que eso no configuraba un hecho nuevo a los fines de la reevaluación de los riesgos”, señaló el fiscal.
Además, remarcó que la gravedad del hecho investigado justifica la continuidad de la prisión preventiva.
“La gravedad institucional del hecho investigado amerita mantener la medida cautelar, especialmente por el riesgo de entorpecimiento probatorio que existe en el caso”, afirmó.
Según indicó, durante la investigación surgieron conversaciones y elementos que permitirían advertir intentos de involucrar a otros integrantes de la fuerza e incluso a superiores jerárquicos.
El juez rechazó el planteo
Tras escuchar los argumentos de las partes y analizar la documentación presentada, el juez Martelossi resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa.
“Su señoría resolvió sostener la medida cautelar que pesa sobre la señorita Estefanía Evelyn Oviedo”, confirmó Galleano.
El fiscal agregó que el magistrado consideró que no se habían incorporado elementos novedosos respecto de la situación ya evaluada en una audiencia anterior.
La investigación continuará ahora bajo la órbita de la Unidad Fiscal especializada en Microtráfico, que busca determinar el alcance de las filtraciones y si hubo más personas involucradas en la maniobra.
Otro integrante de la PDI también está imputado
Por el mismo caso también se encuentra imputado con prisión preventiva Ariel Sena, quien se desempeñaba como jefe de calle de la PDI Reconquista.
Sena fue detenido horas después de Oviedo y quedó acusado por los mismos delitos.
De acuerdo con la investigación, las presuntas filtraciones habrían afectado allanamientos previstos en Avellaneda. En ese contexto, la Fiscalía analiza si los imputados habrían cobrado dinero a cambio de alertar sobre procedimientos vinculados a causas de microtráfico.
La hipótesis sobre el cobro de dinero
En la audiencia imputativa realizada el pasado 5 de junio, Galleano intervino junto al jefe y subjefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone y Diego Vigo.
Según la hipótesis de la acusación, en la causa surgieron elementos que apuntan a un presunto cobro de 500 mil pesos por avisar sobre investigaciones en curso.
También se investigan capturas de pantalla presuntamente adulteradas que habrían sido utilizadas para incriminar a otros compañeros de trabajo y desviar la investigación.
La Fiscalía intenta establecer si se trató de un hecho aislado o de una modalidad que pudo haberse repetido.
El caso continúa generando repercusión por la gravedad institucional de la acusación y por el vínculo con procedimientos de microtráfico que estaban en desarrollo en el norte provincial.
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