Santa Fe demolió otros dos búnkeres de droga en Rosario y ya suman 157 los puntos de venta inactivados en la provincia
El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación derribaron dos construcciones utilizadas para el narcomenudeo en Villa Oculta, intensificando la lucha contra el microtráfico.
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Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación supervisaron este jueves el derribo de dos construcciones utilizadas como búnkeres de venta de drogas. El procedimiento se ejecutó en la calle Héctor Palacios al 3700, en la zona conocida como Villa Oculta de la ciudad de Rosario.
Con estas intervenciones, la cifra de inmuebles inactivados asciende a 95 en Rosario, 107 en el departamento homónimo y un total de 157 en toda la provincia. Estos operativos forman parte de la aplicación de la Ley de Microtráfico, vigente desde principios de 2024, que busca desarticular puntos de venta de estupefacientes y lugares vinculados a hechos de violencia altamente lesiva.
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El secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, resaltó el rol fundamental de los vecinos. Según el funcionario, los datos aportados a través de la Central 911 resultan vitales para la Fiscalía y permiten organizar el despliegue policial de manera eficiente. "Estos puntos de venta tenían un alto tránsito de personas y representaban un riesgo", afirmó Santantino durante el operativo.
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El funcionario añadió que "la Ley de Microtráfico vino a cambiar las cosas y a saldar una deuda de larga data". Asimismo, enfatizó que no se debe confundir la precariedad edilicia de estos sitios con el daño real que provocan en la comunidad. "Es importante seguir haciendo el esfuerzo que nos corresponde y que los vecinos denuncien lugares como este, que tanto daño le hacen a la sociedad", sentenció.
Detalles de la investigación judicial
La fiscal Mercedes Banchio explicó que los derribos se enmarcan en una causa de mayor envergadura. Las construcciones estaban ubicadas en un terreno usurpado que pertenece al Estado provincial. Gracias a las denuncias vecinales sobre el tránsito constante de personas, la fiscalía inició tareas de inteligencia para confirmar las maniobras de venta al menudeo en el sector.
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Para avanzar con la investigación, las autoridades utilizaron un dron que permitió captar movimientos durante todo el día. "Las personas entraban y salían de estas dos construcciones. Cuando realizamos los allanamientos, encontramos mucho material de recorte", detalló Banchio. La fiscal subrayó que, aunque no hay detenidos por el momento, el objetivo principal es terminar con la actividad ilícita en el barrio.
Sobre las condiciones de los inmuebles, la fiscal describió una precariedad absoluta: no cuentan con agua potable, electricidad ni gas. En una de las estructuras se halló una manguera conectada a la red pública y apenas algunos elementos básicos como un colchón o un balde. "Las personas permanecen muy poco tiempo, van y vienen", concluyó la funcionaria judicial sobre la dinámica delictiva detectada.

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