Rosario ya suma 93 búnkeres de drogas derribados y Santa Fe alcanza los 155 durante la gestión Pullaro

El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este viernes el derribo de otro búnker de venta de drogas en Rosario, una intervención que elevó a 93 la cantidad de inmuebles inactivados en esa ciudad y a 155 en toda la provincia desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El procedimiento se realizó en una propiedad ubicada en la intersección de Tupac Amaru y Federico de la Barra, en el marco de la Ley de Microtráfico, y contó con la supervisión de autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Participaron el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, y la fiscal Mercedes Banchio.

Durante la intervención, Santantino destacó la continuidad de la política provincial contra la comercialización de estupefacientes y su vinculación con los indicadores de violencia.

“Es la continuidad de una política de microtráfico que viene dando resultados específicamente en la caída de los indicadores de violencia”, sostuvo el funcionario.

Monitoreo para evitar que vuelva la actividad delictiva

Santantino explicó que la inactivación de los puntos de venta no representa el final del problema, ya que existe el riesgo de que las organizaciones criminales intenten continuar con la comercialización de drogas en esos mismos lugares o trasladar la actividad a otros sectores.

En ese sentido, remarcó que los 93 inmuebles inactivados en Rosario y los 155 en toda Santa Fe requieren un seguimiento permanente.

“Son espacios que quedan inutilizados para la continuidad de esta actividad ilícita, pero el riesgo de la continuidad de la venta de estupefacientes y la violencia en torno a estos puntos de venta sigue estando presente”, advirtió.

Por ese motivo, señaló que resulta fundamental mantener el monitoreo de las denuncias y los llamados de los vecinos, además de prestar atención a posibles cambios en las modalidades de comercialización y a los indicadores de violencia.

El funcionario también destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA y las fuerzas federales para avanzar sobre los espacios vinculados con el microtráfico y las disputas territoriales.

Cómo se originó la investigación

Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio explicó que la investigación que permitió identificar el inmueble comenzó a partir de una intervención de Gendarmería Nacional, durante una persecución en flagrancia.os utilizados para preparar las dosis destinadas a la comercialización.

“Había cocaína siendo fraccionada, y elementos de recorte para el microtráfico y para vender dosis directamente a consumidor”, detalló la funcionaria judicial.

A partir de esas constataciones y del trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, se avanzó sobre el inmueble que posteriormente fue inactivado.

La investigación también permitió llevar a audiencia a una persona que residía en una propiedad lindera y que se adjudicaba el derecho de propiedad sobre el lugar intervenido.

Banchio destacó la importancia de estas actuaciones para avanzar sobre las estructuras que sostienen la comercialización de drogas y las situaciones de violencia asociadas.

Según explicó, muchas veces las personas que operan directamente en los puntos de venta cumplen funciones subordinadas a organizaciones de mayor alcance, por lo que el objetivo de las investigaciones es identificar también a quienes ejercen el control de esas actividades.

Qué establece la Ley de Microtráfico en Santa Fe

La Ley de Microtráfico fue sancionada en diciembre de 2023 por la Legislatura santafesina y su aplicación comenzó a principios de 2024, durante la gestión de Maximiliano Pullaro.

La normativa contempla, entre otras herramientas, la posibilidad de inactivar puntos de venta de estupefacientes y propiedades vinculadas con actividades delictivas y hechos de violencia altamente lesiva.

Los procedimientos se desarrollan mediante un trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia santafesina y la Policía de Santa Fe, con colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.

Con la última intervención en Rosario, la Provincia alcanzó 155 inmuebles inactivados durante la actual gestión, de los cuales 93 corresponden a esa ciudad.