Rescataron a una familia que estaba en situación de esclavitud en una campo de la región

Luego de un operativo que hicieron policías federales a las órdenes de la Justicia, un hombre, su madre su padre y sus dos hijos -de 10 y 11 años- fueron rescatados de una situación de explotación rural en la localidad de Las Bandurrias, del departamento San Martín.

 

La familia era sometida a trabajar de sol a sol por el propietario del campo, un veterinario de 51 años que se desempeña como docente de la Universidad Nacional de Rosario – su identidad no fue informada -, quien le pagaba “unos 140 pesos cuando quería” por hacer trabajos de cuidado vacuno, alambrado, siembra y mantenimiento de maquinaria agrícola al peón del establecimiento. A los dos menores, les abonaba 200 pesos diarios por hacer tareas de alimentación de animales, según el relato de Andrés Alasia, delegado del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) Santa Fe Sur.-

El operativo se hizo luego de una orden de allanamiento dictada por el juez federal de Rafaela, Reinaldo Rodríguez, en una explotación agrícola, ubicada a la altura del kilómetro 115 de la ruta provincial 40, cerca de Las Bandurrias.-

Andrés describió que las personas fueron engañadas por su empleador, quien les había prometido estabilidad laboral y remuneraciones acorde con sus tareas. Sin embargo, se los sometía a vivir en condiciones muy precarias.-

“Esta familia trabajaba los siete días de la semana, les adeudaban pagos, le descontaban el costo del gas, no tenían acceso a la salud y estaban bajo amenazas”, detalló Alasia.-

El funcionario contó que “la primera inspección en el campo fue en octubre del 2020 y detectaron indicios de explotación rural de un peón, sus padres y sus dos hijos menores”.-

“Hicimos la denuncia al 145 por trata de personas y trabajo infantil. En principio la Fiscalía desestimó la causa. Seguimos vinculados con el trabajador y la situación iba empeorando”, contó el funcionario.-

Y siguió Alasia: “En marzo pasado se volvió a hacer una inspección y otra denuncia con documentación. Luego, los juzgados emitieron un oficio donde nos convocaron junto a la Policía Federal, la Afip, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, el programa de rescates y la Secretaría de Derechos Humanos santafesina, para hacer un allanamiento y posterior liberación de las víctimas. En el último operativo se pudo hacer el allanamiento que duró muchas horas, pero no el rescate”.-

Luego del allanamiento, los cinco integrantes de la familia quedaron en el campo con custodia policial, hasta que finalmente el martes pasado fueron trasladados a una vivienda que le adjudicó la provincia.-

“Se pudo actuar con las fuerzas federales, la Justicia y con organismos nacionales y provinciales. A la familia se le está dando contención, asesoramiento jurídico por parte de Uatre y desde la Asistencia a la Víctima están en la búsqueda de un trabajo registrado en el ámbito rural, que es lo que quiere la familia”, explicó Alasia.-

El funcionario explicó que “durante los operativos nunca encontraron al dueño del campo”. Y agregó, que “según el peón rural solía ir los fines de semana”.-

“Ahora el caso está en manos de la Justicia. Esperamos que haya una imputación y condena porque es un delito penal”, cerró Alasia.-

Del rescate a las víctimas también participó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas damnificadas por el Delito de Trata, personal del Ministerio de Trabajo de la Nación y de Santa Fe, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Secretaría de Derechos Humanos santafesina.-

Desde la Secretaría de Derechos Humanos santafesina informaron que lograron el traslado y la reubicación de la familia. Ahora, trabajan en la restitución de derechos del grupo familiar desde aspectos vinculados con la salud, la educación y el trabajo remunerado acorde con la normativa vigente.

“Junto con otros organismos y el trabajo del equipo de la Secre restituimos derechos para una familia explotada por un dueño de un campo que encima es docente universitario. Esto corre por mi cuenta, sin comprometer a mi Institución, pero que un «colega» del claustro docente haga este tipo de cosas, me indigna sobremanera. Por suerte, o mejor dicho por el laburo inter-institucional hecho, podemos decir con satisfacción que la familia está feliz de la ayuda del Estado, que vuelven a vivir dignamente, y que quieren laburar cuanto antes para quien los respete como personas. En ello estamos, acompañando y reparando las cagadas de los «privados»“, dijo Santiago Bereciartua, secretario de Derechos Humanos de la provincia.-