Un narcotraficante de la ciudad usó el nombre de su hija para lavar dinero, ambos fueron procesados

La investigación por la cual se procesó a Valentina y a su padre se inició en febrero pasado por una denuncia anónima recibida en la Fiscalía, respecto al presunto enriquecimiento de los hijos del hombre, a quien se señalaba en la denuncia como un “procesado en una causa de narcotráfico”. Así el fiscal Gustavo Onel solicitó una serie de medidas de investigación.

Como resultado de las investigaciones fueron halladas: una camioneta Toyota Hilux, adquirida el 22 de octubre de 2019 por $ 350.000; una Ford EcoSport SE 1.6L, cuya compra se materializó el 29 de enero de 2020, por $ 400.000; y un Mini Cooper S Sedan, por el que se pagaron $ 500.000 el 5 de marzo de 2020. Más allá de que los montos declarados no se condicen con las valuaciones oficiales (surge de la Tabla de Valuación de Automotores y Motovehículos de la DNRPA que la Hilux costaba entonces $ 1.107.200; la Ecosport $ 569.300; y el Mini Cooper $ 600.000), surgió otro inconveniente a la hora de justificar su procedencia.

Los tres automotores se encuentran a nombre de Valentina Paiduj, con autorización de manejo en favor de su padre, informó el Registro de la Propiedad Automotor. De hecho, fue el propio César Paiduj el "solicitante" de la Verificación del Automotor de la Hilux.

Así el pasado 6 de octubre, el fiscal Onel solicitó el procesamiento por “lavado de dinero y activos provenientes de ilícitos” para ambos: en el caso del hombre, como autor y a su hija la consideró partícipe necesaria. Además, requirió una serie de medidas de coerción respecto de la mujer.

En esa línea, el juez Reinaldo Rodríguez sostuvo que padre e hija “pusieron en circulación dentro del mercado legal, en el período comprendido entre el 22 de octubre de 2019 al 05 de marzo de 2020, dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes, convirtiéndolo en bienes (vehículos automotores), con el objeto de simular el origen ilícito del mismo, actuando la imputada como ‘prestanombre’ o ‘testaferro’ de su padre.”

El juez embargó los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de cuatro millones de pesos cada uno. La mujer deberá cumplir con las medidas de coerción impuestas, las cuales consisten en someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, informar al tribunal cualquier cambio de domicilio y la prohibición de salir de la provincia de Santa Fe sin autorización.

Fuente: La Capital