Según habría determinado la fiscalía, los policías que debían combatir el tráfico de estupefacientes decidían quiénes podían vender drogas en el departamento Las Colonias y quiénes no. Además eran "mayoristas" y cobraban por "protección".

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Cuatro policías que debían combatir el tráfico de drogas en el departamento Las Colonias y un pesado narco de la zona fueron procesados esta semana por la Justicia Federal, acusados de conformar una banda delictiva que proveía estupefacientes a búnkers de la región y también cobraba por "protección".

La causa comenzó a mediados del año pasado, a raíz de una investigación liderada por el entonces titular de la Fiscalía Nº 1, Gustavo Jorge Onel, hoy a cargo de la Unidad Fiscal Santa Fe. En principio, se pensaba que los uniformados sólo le cobraban al narcotraficante para dejarlo "trabajar", pero a medida que se fueron recolectando elementos el funcionario del Ministerio Público se percató de que los policías -de la Brigada Antinarcóticos de la entonces Agencia de Investigación Criminal en el departamento Las Colonias- le compraban sustancias al narco y las distribuían a "kioscos" de la zona y que además les cobraba a los "dealers" una cuota para no tenerlos en la mira.

Ahora, Onel sostiene que reunió elementos para probar que en realidad todos ellos formaban parte de una misma organización criminal, por lo que los acusa de asociación ilícita y el juez Reinaldo Rodríguez los procesó en esa dirección.

Entre los involucrados se encuentra el excomisario Lucas Gabriel Nos, que tenía a cargo el grupo de trabajo de la Brigada de Las Colonias, quien ya había sido procesado con prisión preventiva por malversación de caudales públicos y encubrimiento. Igual camino siguieron Matías José Cosentini y María Belén Muratore, quienes se desempeñaban como suboficial y oficial, respectivamente, del mismo equipo de trabajo.

También fue procesado como integrante de la asociación Daniel Segovia, acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en un expediente concomitante a esta causa y quién, de acuerdo a la hipótesis fiscal, era quién proveía de droga a los policías.

El último en caer fue Néstor Rosales, quien era jefe de la Dirección Regional de Investigación Criminal sobre narcotráfico División Regional Operativa N° 2. Su nombre apareció cuando los peritos pudieron examinar el teléfono de uno de los acusados, un capítulo aparte.

Estructura aceitada

Para el doctor Onel "se encuentra demostrado que el accionar delictivo de los involucrados tuvo por objetivo el tráfico de estupefacientes con finalidad de lucro, en varias localidades que conforman el departamento Las Colonias de la provincia de Santa Fe, durante al menos el lapso que va desde septiembre del 2022 hasta mayo del 2023.

Ello surge primordialmente del análisis de las conversaciones mantenidas por Cosentini con los demás, fundamentalmente con su jefe, Lucas Gabriel Nos. En los mensajes se evidencia que la recaudación obtenida por la asociación era luego distribuida entre los miembros policiales.

Del informe pericial mencionado surgen diversas conversaciones, que permitirían demostrar que los policías, de manera planificada y coordinada, se habrían provisto de importantes cantidades de estupefacientes que luego habrían transportado y distribuido entre los distintos "búnkeres" o "kioscos de drogas" ubicados en las distintas localidades del departamento Las Colonias (fundamentalmente en Esperanza), cuyos encargados se habrían dedicado a la comercialización al menudeo. Segovia era uno de sus principales proveedores, a quien le habrían abonado en efectivo grandes sumas de dinero.

Premios y castigos

Para la fiscalía, los encargados de esos puntos les abonaron a los policías mencionados el precio del material provisto y también les pagaban una "cuota" de la "habilitación" para ejercer esa actividad y de la "garantía/protección" en su accionar ilegal. A cambio de ello, los agentes policiales evitaban cualquier investigación propia y medida intrusiva en esos lugares y a su vez les proporcionaban información en torno de investigaciones de otras fuerzas y de las denuncias en su contra que surgían.

En ese contexto, y a partir del cúmulo de conversaciones surgidas del informe pericial, se encontraría determinado que los "kioscos y/o búnkeres" que no acordaban, es decir, que no abonaban esa "cuota" en tiempo y forma, o que se "excedían" de los términos acordados previamente con los policías aquí detallados, y aquellos que incumplían sus "órdenes/mandas/modus operandi", eran los que habrían resultado luego seleccionados para ser denunciados penalmente por parte del grupo de trabajo.

Al momento de pedir las indagatorias, el MPF había marcado que se relevaron elementos suficientes para considerar que Nos, Cosentini, Muratore y Rosales habrían conformado junto a otras personas (entre las que se encuentra Segovia) "una asociación ilícita delictiva de carácter estable, con soporte estructural y división de roles, que habría tenido por objetivo la comisión de distintos hechos ilícitos".

Paradoja

En el escrito, se puntualizó que el fin "fundamental y último" de esa asociación habría sido el tráfico de estupefacientes con finalidad de lucro en las localidades que conforman el departamento Las Colonias de la provincia de Santa Fe; fundamentalmente en la ciudad de Esperanza, aunque también en Franck, Las Tunas, San Carlos, Progreso y San Agustín.

La fiscalía señaló que justamente en esas localidades los acusados tenían la función de prevenir y perseguir ese accionar por su calidad de policías de la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Entre otras pruebas, en un video incluido en el expediente se puede observar que Cosentini le paga a Segovia una importante suma de dinero en efectivo.

Clave: el teléfono de Cosentini

El domicilio de Cosentini, en Laguna Paiva, fue allanado el 4 de julio del año pasado -antes de que estalle el escándalo en la Brigada Antidrogas- por pedido del fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El policía había denunciado el extravío de su arma de fuego reglamentaria y el funcionario del MPA buscaba elementos para determinar si la pistola había sido perdida, vendida o alquilada.

En aquella oportunidad, entre otras cosas, fue incautado y puesto a resguardo el teléfono del sospechoso, que se desempeñaba en la Brigada Antinarcóticos de la AIC en el departamento Las Colonias, pero entonces fue pasado a disponibilidad.

El aparato iba a ser peritado por esa causa 7 de agosto, pero cuando los expertos fueron a buscarlo al depósito de la AIC la sorpresa fue mayúscula. El celular estaba visiblemente dañado. No se podía encender ni cargar su batería. Además, la tarjeta SIM había sido cortada a la mitad. Ese chip fue recuperado recientemente por la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales "Santa Fe" de la Gendarmería Nacional Argentina.

Las conversaciones que estaban archivadas en el aparato le dieron un gran impulso a la investigación.

Fuente: DIAXDIA