Pagaban a cosecheros con cocaína: el oscuro negocio desbaratado en una localidad de Entre Ríos

El pasado 4 de septiembre, un operativo de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina culminó con la detención de una pareja y el secuestro de 60 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares. 

Los acusados fueron identificados como Sabrina Núñez y Matías Salina, ambos de 35 años, quienes enfrentan cargos por comercio de estupefacientes.

La investigación, que contó con la intervención de la Fiscalía Federal de Concordia a cargo de Francisco Bernhardt, se originó tras recibir información sobre la modalidad de pago a los empleados y la presunta venta de droga en la vivienda de los sospechosos.

Según una fuente policial, la pesquisa inicial buscó determinar si existía una situación de trata de personas debido a las condiciones de precarización laboral, aunque finalmente no se reunieron elementos para avanzar con esa imputación. 

La investigación comenzó con información sobre la modalidad de pago a los empleados y la presunta venta de droga en la vivienda de la pareja.

La pareja reclutaba a entre 20 y 30 cosecheros en distintos puntos de Concordia y los trasladaba en colectivo hacia campos de Chajarí y otras zonas de la provincia para la cosecha de naranjas y mandarinas. Al finalizar la jornada, los trabajadores recibían dos o tres envoltorios de cocaína como remuneración. Una fuente vinculada al caso señaló que se aprovechaban de su vulnerabilidad.

El avance de la causa permitió confirmar dos modalidades de distribución: la venta directa en la vivienda y la entrega de dosis a los cosecheros. Según los investigadores, la sustancia entregada en el colectivo estaba más rebajada que la comercializada en el domicilio. Tras la orden de la jueza federal Analía Ramponi, se procedió a la intercepción del transporte y al allanamiento de la vivienda.

Tras negarse a declarar en su indagatoria, ambos fueron procesados con prisión preventiva y permanecen alojados en la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú. Además, la magistrada ordenó embargos por más de 5 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los acusados.