Ordenaron prisión preventiva para cuatro policías investigados por tortura seguida de muerte en Santa Fe

La Justicia ordenó la prisión preventiva de cuatro policías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I investigados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, cometido en perjuicio de Mauro Daniel González en la ciudad de Santa Fe.

La medida fue solicitada por el fiscal Ezequiel Hernández e impuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Cecilia Labanca, en una audiencia que comenzó el miércoles por la mañana y finalizó ayer en horas de la siesta en los tribunales de la capital provincial.

En el mismo legajo hay otras dos personas investigadas que transitarán el proceso con medidas alternativas. Una de ellas también integra el Comando Radioeléctrico y tiene atribuida la misma calificación penal, mientras que un agente del Cuerpo Guardia de Infantería es investigado por el delito de vejaciones contra la misma víctima.

“Eran insuficientes para cautelar el proceso”

Los policías del Comando investigados son tres hombres y dos mujeres, identificados por sus iniciales como LGA, SDB, FSA, MGD y SMP. En tanto, el agente de Infantería fue identificado con las iniciales JCB.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, los abogados defensores propusieron medidas alternativas a la prisión preventiva, pero la jueza las rechazó respecto de cuatro de los investigados.

“Aunque los abogados defensores propusieron alternativas, la magistrada las rechazó en relación a cuatro de las personas investigadas porque eran insuficientes para cautelar el proceso judicial”, valoró el fiscal Hernández.

El hecho investigado

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió minutos después de las 14:30 del sábado 17 de enero, en inmediaciones de Chaco y Hermanos Figueroa, en barrio Yapeyú, cuando se pidió presencia policial porque González atravesaba una crisis subjetiva.

El fiscal sostuvo que los agentes incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y que privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Según relató Hernández, los uniformados sujetaron violentamente a González, lo hicieron caer, le colocaron esposas y luego, con la llegada de otros agentes, lo agredieron mientras estaba en el suelo.

Traslado, golpes y falta de asistencia

La acusación señala que la víctima fue arrojada a la caja de una camioneta policial, donde habrían continuado los malos tratos. Además, un familiar alertó a los agentes que González había tenido una cirugía abdominal, pero, según el fiscal, los policías incrementaron el dolor en lugar de detener la agresión.

Hernández indicó que durante el traslado, con González esposado e imposibilitado de defenderse, los agentes lo golpearon nuevamente dentro del vehículo oficial, con puños y con un bastón o escopeta.

Según el MPA, las agresiones le causaron al menos 20 lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre ellas la fractura de una costilla, lo que deterioró su estado de salud.

La Fiscalía sostuvo que, pese a que González se encontraba en un estado precario y prácticamente inconsciente, los uniformados no lo llevaron de inmediato a un centro de salud. En cambio, pasaron por una estación de servicios, luego por Medicina Legal, en 1° Junta al 2800, y finalmente por la comisaría Octava, ubicada en General Paz al 7300.

Allí, según la acusación, ingresaron a la víctima a un calabozo y la dejaron sola, sin asistencia, pese a su grave estado. Horas después, González falleció.

Los delitos atribuidos

A los cinco policías del Comando Radioeléctrico se les atribuyó la coautoría del delito de tortura seguida de muerte.

Por su parte, el integrante de la Guardia de Infantería fue imputado como coautor de vejaciones calificadas, por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.

Además, uno de los investigados, identificado como FSA, también es investigado por otro hecho ilícito por el que se le atribuyó la coautoría de vejaciones, falsedad ideológica en instrumento público y daños.