Nueve condenados por estafas telefónicas en Santa Fe, San Justo y San Javier: devolvieron $9.544.500 a las víctimas

Los nueve integrantes de la asociación ilícita condenados, quienes también debieron pagar más de 15 millones de pesos.

Una asociación ilícita interprovincial desarticulada, sus nueve integrantes condenados, $11.744.299 pagados en concepto de reparación a las víctimas, multas y donaciones y el decomiso de tres vehículos cuyos valores de mercado suman un total de $3.700.000.

Estos son los resultados de la investigación que llevó adelante la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza a una organización criminal que cometía estafas telefónicas y cuyos integrantes son gitanos con domicilio en Santa Fe, Corrientes y Misiones.

"La investigación comenzó en 2019 y permitió desbaratar la banda que tuvo 14 víctimas, todas en la provincia de Santa Fe", informó la fiscal. En tal sentido, precisó que "las nueve condenas fueron impuestas en el marco de juicios en los que se abreviaron los procedimientos".

De ese total, 9.544.500 pesos fueron devueltos a las víctimas. Además, abonaron $1.263.333 en concepto de multa y donaron $936.466 a dependencias de la policía provincial y del Organismo de Investigación. Los restantes 3.700.000 pesos corresponden al valor de mercado de tres vehículos que se les secuestraron y se decomisaron: una camioneta Ford Ranger; un Volkswagen Gol Trend y un Renault Clio.

Los tres vehículos fueron secuestrados a los condenados, se decomisaron y quedaron a disposición de la Agencia de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD).

Los condenados

Dos de los nueve condenados son de apellido Miguel (Diego, de 34 años y Roberto Sebastián, de 40) Por su parte, otros cuatro son de apellido Traico (Marcelo Jesús, de 34 años; Alejandro Darío, de 39; Andrés, de 61 y Pablo, de 31).

Los otros tres condenados son Yanero Demetrio Costiche –alias "Bebe"– de 27 años; Roberto Iancovich, de 42 años y Adolfo Miguel Juan, de 34 años.

En tanto, Diego Miguel –con domicilio en Posadas, Misiones– fue condenado por ser el organizador de la asociación ilícita; por la coautoría de diez estafas y por la coautoría de tres tentativa de estafas. Se le impusieron cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

Las otras ocho personas fueron condenados a tres años de prisión por haber sido miembros de la asociación ilícita; por la coautoría de estafas reiteradas y por la coautoría de tentativas de estafas. A una de ellas se le impuso la pena de cumplimiento efectivo, mientras que a las siete restantes fue condicional.

Estafas telefónicas

"La asociación ilícita que integraban los condenados tenía carácter estable, permanente y organizada y cometió estafas telefónicas en las ciudades de Santa Fe, San Justo y San Javier", puntualizó Urquiza.

Acerca de la modalidad delictiva, la funcionaria del MPA explicó que "los integrantes de la organización se comunicaban con las víctimas, generalmente de avanzada edad, y simulaban ser una persona de su entorno familiar o un empleado de un banco". Al respecto, añadió que "las engañaban y mediante ardides las hacían caer en error".

Además, Urquiza indicó que "las excusas con las que concretaban las estafas eran diversas" y agregó que "les decían a las víctimas que si tenían dólares guardados, perderían valor. En tal sentido, las engañaban para que cambiaran los billetes porque, según decían, saldrían de circulación o se impondría un corralito bancario".

La funcionaria del MPA continuó explicando que "los miembros de la asociación les manifestaban a las víctimas que otra persona se encargaría de retirar el dinero de sus viviendas" y especificó que "una vez que las convencían del engaño, les decían que no cortaran la comunicación telefónica, seguían dialogando con ellas y, mientras tanto, otras personas retiraban el dinero en el lugar en el que estaban las víctimas".

Sin documentos

La fiscal Urquiza reconoció que "además de la complejidad de una investigación de este tipo, la tarea se hizo más difícil a raíz de que los condenados se comunicaban entre ellos en lengua romaní cuando planificaban y ejecutaban los ilícitos. Por eso, la información obtenida de las escuchas telefónicas fue muy escasa".

Asimismo, remarcó que "no tenían documento y fue muy difícil corroborar su verdadera identidad".