Lo acusaron de presentar documentación falsa y evitó el juicio con una donación millonaria

Un empresario santafesino de 62 años fue sobreseído por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe tras cumplir con una reparación integral. El hombre estaba acusado por el presunto falseamiento de datos ante el Registro Nacional de Precursores Químicos.

Para lograr la extinción de la acción penal, el imputado donó equipamiento tecnológico a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (FIQ-UNL). La inversión total alcanzó los 7.101.866 pesos.

La resolución fue dictada el 10 de noviembre por el juez Luciano Lauría. El magistrado contó con el aval del fiscal general de la Unidad Fiscal Santa Fe, Martín Suárez Faisal, para cerrar el expediente judicial.

Además del sobreseimiento, el juez ordenó la devolución de los 3 millones de pesos que el empresario había depositado como caución al inicio del proceso. La medida evitó la realización del juicio oral y público.

El origen de la causa judicial

La investigación se inició el 23 de junio de 2023, cuando el empresario solicitó mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) la renovación de su inscripción en el registro nacional obligatorio.

En el expediente se presentó un certificado de habilitación atribuido a la Municipalidad de Santo Tomé, fechado el 13 de abril de 2023. Sin embargo, el organismo nacional detectó inconsistencias en la documentación presentada.

Tras una consulta oficial, el municipio confirmó que la certificación era falsa. El documento carecía del sello de caja municipal, requisito indispensable para su validez, y el último registro real databa de abril de 2017.

El fiscal federal Gastón Theler impulsó la causa por el delito previsto en el artículo 44 bis de la ley 23.737. Dicha norma castiga con penas de uno a seis años a quien falsee datos ante el registro.

Defensa y resolución del conflicto

Durante su declaración, el empresario argumentó que se encontraba en España al momento del trámite. Sostuvo que las gestiones administrativas estaban a cargo de un apoderado general de sus empresas.

No obstante, la Fiscalía desestimó este argumento. Los documentos contenían la firma digital del titular y no existía ninguna denuncia previa por el uso indebido de sus datos personales o claves de acceso.

El procesamiento fue confirmado el 13 de noviembre de 2025 por la Sala A de la Cámara Federal de Rosario. Ante la inminencia del juicio, la defensa, encabezada por el abogado Pedro Busico, propuso la reparación.

El juez Luciano Lauría consideró que la donación a la FIQ-UNL resultaba razonable y suficiente. Aunque no se identificó un perjuicio patrimonial concreto, el magistrado dio por cumplida la reparación y cerró el caso.