Imputaron a una mujer por someter a servidumbre durante más de 20 años a una víctima
La acusada, que vive en Estados Unidos, habría continuado la explotación mediante un control remoto con cámaras de seguridad.
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Una mujer de 37 años fue rescatada el 2 de octubre de una vivienda ubicada en calle Montevideo al 56, en barrio Martín de Rosario, donde habría permanecido en condiciones de servidumbre desde 2003. Por el hecho, la Justicia federal imputó a E.S.S., de 60 años, residente desde hace más de tres décadas en Los Ángeles, Estados Unidos, como presunta autora del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre.
La víctima había sido trasladada a Rosario cuando tenía 14 años, desde la localidad correntina de Tres Bocas, en un contexto de extrema vulnerabilidad social, tras el fallecimiento de su padre. La promesa era que pudiera estudiar y mejorar su calidad de vida, algo que, según la investigación, nunca ocurrió.
El rescate y la audiencia judicial
El caso se conoció tras un allanamiento realizado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal, que permitió rescatar a la mujer, quien se encontraba cuidando a la madre de la imputada.
La audiencia de imputación se realizó el viernes 5 de diciembre ante el juez de Garantías Román Lanzón, en los Tribunales Federales de Rosario. La víctima estuvo presente, acompañada por defensoras públicas y profesionales del Área de Atención a Víctimas del Ministerio Público Fiscal, entre ellos una psicóloga y un antropólogo.
La imputación fue formulada por la fiscal Adriana Saccone, junto a las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos.
Explotación sostenida y control a distancia
Según la acusación, E.S.S. habría continuado la explotación entre julio de 2022 y octubre de 2025, cuando reemplazó a su madre en el control total de la situación dentro del domicilio. Para ello, habría instalado 16 cámaras de seguridad y entregado un teléfono celular a la víctima para impartirle órdenes desde Estados Unidos.
Las fiscales señalaron que se trató de un delito de ejecución continuada, con una misma matriz de explotación que se extendió durante 22 años, y que la imputada no solo no hizo cesar el estado de servidumbre, sino que lo continuó y lo sostuvo, obteniendo un beneficio personal.
Captación, traslado y falsas promesas
De acuerdo a la investigación, en 2003 la adolescente fue captada luego de la muerte de su padre. Su madre, sin recursos para mantener a sus nueve hijos, autorizó el traslado de la mayor a Rosario mediante un acta notarial, que firmó sin saber leer ni comprender su contenido, en una escribanía y sin acompañamiento.
La joven fue trasladada en colectivo y recibida por J.E.G.S., madre de la actual imputada. Desde entonces, fue obligada a realizar tareas domésticas, de mantenimiento, cocina, administración del hogar y cuidado personal, sin percibir salario alguno, a cambio de comida, alojamiento y ropa.
Sin derechos laborales ni vida social
La fiscalía detalló que la mujer trabajó durante más de dos décadas en jornadas completas, sin descansos, vacaciones, aguinaldo ni aportes previsionales. Tampoco contó con cobertura de salud ni vínculos sociales fuera del domicilio.
Informes de ANSES y ARCA confirmaron que la víctima no registraba actividad laboral, cuentas bancarias ni ingresos propios, y que solo manejaba dinero para compras vinculadas a la vivienda. La acusación fue respaldada por testimonios de vecinos, informes oficiales, peritajes interdisciplinarios y la declaración de la víctima en Cámara Gesell.
Medidas cautelares
El juez Román Lanzón rechazó el pedido de sobreseimiento de la defensa y dio por formalizada la imputación, al considerar acreditados los indicadores de explotación y la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima.
Si bien la fiscalía solicitó la detención y extradición de E.S.S., el magistrado dispuso medidas cautelares no privativas de la libertad por un año, entre ellas la fijación de domicilio, la firma mensual en el consulado argentino, la prohibición de contacto con la víctima y el compromiso de no entorpecer la investigación.
La situación de J.E.G.S., madre de la imputada, continúa bajo análisis y dependerá de un informe médico para determinar si puede ser sometida a proceso judicial.
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