Hoy se realizó la audiencia del caso que conmocionó a la región y ocurrió hace dos días atrás. El hombre cometió el crimen de Mariel Alejandra Zimmermann frente a su hija de 12 años.

En la audiencia imputativa que se realizó cerca del mediodía de este viernes en los Tribunales de Rafaela, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Dr.Martín Castellano, imputó a Cirilo Eduardo Bravo, de 56 años, homicidio doloso por la muerte de su conyuge de 52 años, Mariel Alejandra Zimmermann.

En la audiencia detalló que el miércoles 26 de octubre cerca de la medianoche, mientras ambas personas se encontraban en el domicilio de calle Güemes al 176 de la localidad de Humberto Primo, Bravo le causó la muerte a su mujer por “un corte efectuado con un cuchillo en la zona de su cuello lado derecho” mientras ambos se encontraban en la cocina de la propiedad.

También, todo ocurrió bajó la presencia de la hija de ambos de tan solo 12 años y quien padece síndrome de down.

“En un momento determinado, el imputado BRAVO, valiéndose de un cuchillo marca “Encina” que presenta un largo total de 32 centímetros, con un largo de cabo de 14 centímetros y un largo de hoja de 20 centímetros, con clara intención de provocar la muerte de su cónyuge y con pleno conocimiento de los medios lesivos adoptados para ello, utilizó dicho objeto para realizar un corte en el lateral derecho del cuello de la víctima”, afirmó Castellano.

La herida comprometió “la integridad de las venas yugulares externa e interna. Esta lesión provocó un shock hipovolémico severo que determinó irreductiblemente el inicio del proceso mortal”, detalló.

“No fue un acto aislado”

Según el fiscal Martín Castellano, la situación que sufrió la víctima “no se trató de un acto aislado” sino que ya se venían dando varios episodios de violencia género por parte del imputado que “implicaron un sometimiento y maltrato de su parte hacia su cónyuge y un permanente menoscabo y desprecio a la dignidad de la víctima como mujer”.

Por eso mismo se le atribuye a Bravo se da en un “claro contexto de violencia de género, evidenciando una desigualdad de poder entre las partes que encuadrara dentro de lo normado por la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres”.