Fallo inédito en Córdoba: la Justicia reconoció que la vacuna Sputnik V provocó la muerte de una joven
La Cámara Federal de Apelaciones determinó que el Estado nacional debe indemnizar a la familia de Melina Agustina Sartori, de 24 años, quien falleció tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.
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La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba dictó un fallo sin precedentes en el país al establecer que la vacuna Sputnik V estuvo vinculada con el fallecimiento de Melina Agustina Sartori, una joven de 24 años que murió en julio de 2021 tras presentar un cuadro de trombosis con trombocitopenia (VITT).
El tribunal falló a favor de María Virginia Ruiz, madre de la víctima, y ordenó al Ministerio de Salud de la Nación completar, en un plazo de 30 días, los trámites previstos en la ley 27.573, que contempla el Fondo de Reparación Covid-19 para compensar daños físicos o fallecimientos derivados de vacunas contra el virus.
Indemnización y alcance legal
La legislación establece una compensación equivalente a 240 jubilaciones mínimas, aproximadamente 95 millones de pesos, y el fallo determinó que el caso de Sartori encuadra “plenamente” dentro de los supuestos indemnizables.
La evidencia presentada en el expediente satisfizo el umbral de preponderancia de la evidencia, permitiendo establecer la relación causal entre la aplicación de la vacuna y el deceso de la paciente. Los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos enfatizaron que la normativa no exige certeza absoluta, sino pruebas suficientes.
El caso de Melina Agustina Sartori
Sartori recibió la primera dosis de Sputnik V el 15 de julio de 2021 en el Orfeo Superdomo de Córdoba. Seis días después comenzó con cefaleas intensas y vómitos, lo que derivó en su internación de urgencia y el diagnóstico de síndrome de trombosis con trombocitopenia.
El cuadro evolucionó rápidamente, provocando un deterioro neurológico irreversible, y la joven falleció el 29 de julio de 2021. Inicialmente, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva) había clasificado el caso como “Indeterminado B1”, sin evidencia concluyente de causalidad, y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo rechazó el reclamo administrativo de la familia.
En 2024, la revisión de nueva evidencia científica internacional llevó a Conaseva a reclasificar el caso como “Relacionado A1”, reconociendo oficialmente la relación entre la vacuna y el fallecimiento.
Opinión legal y precedentes
El abogado de la familia, Martín Barbará, calificó el proceso como “novedoso” y destacó que se trata del primer fallo judicial en Argentina que establece responsabilidad del Estado por consecuencias derivadas de vacunas aplicadas en el marco de la pandemia, marcando un precedente legal inédito en el país.
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