Exclusivo en RADIO RAFAELA | Abogadas estafadoras en Rafaela: los detalles de quienes fueron damnificados

Juliana Inés Odetto y Analía Verónica Romera reconocieron su conducta en un juicio abreviado. Se les imputaron 60 estafas procesales y fueron inhabilitadas para ejercer la abogacía. 

En la jornada del jueves, se conoció que dos profesionales de la ciudad fueron condenadas por estafas. Las abogadas Juliana Inés Odetto y Analía Verónica Romera admitieron en un juicio abreviado que cometieron reiteradas estafas procesales en Rafaela

Como consecuencia, deberán pagar 4.900.000 pesos en concepto de multas, indemnizaciones, donaciones y gastos. Así fue resuelto por la jueza Cristina Fortunato en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.

La jueza también condenó a Odetto a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y le impuso una inhabilitación especial por 10 años para ejercer la abogacía. Por su parte, Romera fue condenada a un año de prisión en suspenso y a tres años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

Al respecto, en una exclusiva charla con RADIO RAFAELA, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gabriela Lema, que estuvo a cargo de la investigación. Aseguró en diálogo con este medio que “no es habitual este tipo de conducta por parte de profesionales, por eso la importancia de lograr identificar estas conductas y conseguir una condena”.

Según explicó, las condenadas desplegaron diferentes tipos de conductas delictivas. “La primera denuncia que se realiza en el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela es en relación a un delito de prevaricato, que es cuando el abogado representa simultáneamente a la demandante y a la parte demandada”, precisó.

“A los pocos meses, la Cámara Civil y Comercial de Rafaela anoticia al MPA de estafas procesales. Se les imputaron 58 en una modalidad y dos más con otra modalidad. Lo que mayormente realizaba era colocar en juicios ejecutivos un domicilio que no era el de la persona demandada. Entonces, cuando era notificado de la iniciación del juicio, esa persona no se enteraba”, precisó la funcionaria judicial.

En detalle, contó que las condenadas usaban el domicilio de Analía Verónica Romera, socia de Juliana Inés Odetto, o de alguien del entorno. “Esto provocaba un error en el juez, lo motivaba a tomar una resolución. Y esa resolución era perjudicial para la demandada que no se enteraba en ese momento porque se seguía el juicio en rebeldía”, dijo.

“Es muy gravosa esta conducta porque es en contra de la administración de justicia. Los damnificados no son solo los particulares, sino también los jueves porque sus resoluciones eran motivadas por un ardid que desplegaban estas abogadas”, aclaró Lema.

Al mismo tiempo, hubo defraudación a la administración pública, ya que insertaban declaraciones falsas para el pago de los sellados en el caso de los títulos valores que presentaban para no pagar los intereses punitorios ni moratorios.

Damnificados

La Dra. Lema precisó que fueron víctimas de este accionar “el Colegio de Abogados y la Caja Forense porque adulteraban las boletas de iniciación. Utilizaban esas boletas que habían sido abonadas para juicios anteriores en juicios nuevos adulterándolas. Por eso es que hubo adulteración de títulos públicos, de documentos públicos, documentos privados”.

Como consecuencia, y en el marco de las investigaciones, tuvieron lugar numerosos allanamientos “en relación a todo el entorno tanto de Juliana Inés Odetto como de Analía Verónica Romera, y además en el estudio jurídico. Ahí es donde se secuestraron muchos expedientes que tenían esta modalidad”.

Al mismo tiempo, “algunos damnificados se presentaron directamente, fueron los que aportaron además evidencia que fue importante. Nos dieron un poco más de información con las conductas que habían desarrollado”.

Condenadas

Juliana Inés Odetto y Analía Verónica Romera reconocieron su conducta en un juicio abreviado. Cabe aclarar que “la particularidad es que es un juicio en el que se logra la condena, donde se acuerda entre la defensa y la Fiscalía. Luego se lleva al juez, que es quien dicta la condena. En el momento de la audiencia, el juez les pregunta a las imputadas si reconocen su firma en el instrumento que presentamos y también si admiten la culpabilidad. Se hacen responsables de lo que uno le está atribuyendo”.

Respecto a la inhabilitación especial por 10 años para ejercer la abogacía, condena aplicada a una de las mencionadas, Lema comentó que “es lo máximo” posible.

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Radio Rafaela

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