Entre Ríos: Allanaron estudios contables vinculados a la Legislatura

La Procuración General allanó este miércoles dos estudios contables vinculados a las cámaras de diputados y senadores en una causa que se cocina hace unas semanas y que tiene en la lupa a todos los partidos políticos. El caso tiene a tres personas con prisión preventiva luego de haber sido encontradas en un cajero con varias tarjetas de débito. Todas las fuentes consultadas por Página Judicial coinciden que se está ante un escándalo.

 

El 20 de septiembre a la tarde Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Alvarez fueron interceptados por agentes de la Policía a la salida de un cajero del Bersa de calle Alsina con una mochila llena de dinero. Fue luego de que estén un buen tiempo en la cabina haciendo uso de varias tarjetas de débito. Allí se prendió la mecha de un caso que en la Procuración General se trabaja a tiempo completo y todo indica que se trata de un escándalo en el que no se puede determinar su dimensión.

En la madrugada de ese día, la Policía allanó el domicilio de Beckman y encontró documentación y más plásticos, reconstruyó Página Judicial. Se dictó la prisión preventiva de los tres sospechosos. El abogado de Beckman es Humberto Franchi.

La causa está bajo secreto de sumario hasta el viernes. La lleva adelante la fiscal Patricia Yedro bajo las órdenes de la flamante fiscal anticorrupción, Cecilia Goyenche. La jueza de garantías es Marina Barbagelata.

Este miércoles, se dio un paso más. Se allanaron dos estudios contables que la Justicia entiende que están ligados a la Legislatura provincial. Esto es las cámaras de diputados y senadores. Del procedimiento –aparentemente– surgió información valiosa para la causa.

Se investigan dos delitos de estafa tipificados en el artículo 173 del Código Penal en su inciso 15, que dice: “El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática”.

Pero todo indica que no es una cuestión privada, sino que se está ante un sistema por el cual se defrauda al Estado y se financia la política. Contratos por parte de legisladores (diputados y senadores) a nombre de personas a las cuales se les adjudica una tarjeta de débito. Es precisamente esto lo que llamó la atención a la Justicia: que una mujer tenga encima varios plásticos de diferentes personas sacando dinero en un mismo acto. Cabe, aquí, el artículo 175 inciso 5, referido a quien “cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”.

Una fuente legislativa consultada por Página Judicial antes que se lleven adelante los allanamientos fue contundente: “Esto se puede llevar puesto todo el sistema político”.

El caso no es similar pero se le parece en algo al de Ricardo Troncoso, de quien se supo que se quedaba con una parte del contrato de un asesor, según reveló un informe de Daniel Enz en Canal 9 Litoral. Los legisladores tienen lo que se conoce como “módulo”, que es una dieta que tiene los parlamentarios para contratos de asesores o colaboradores. En este caso, se sospecha, se trata de un sistema que viene desde arriba. Es decir desde las presidencias las cámaras, es decir de Sergio Urribarri y Adán Bahl. Estarían implicados legisladores de todos los partidos políticos.

Las fuentes consultadas por Página Judicial coincidieron en que no se sabe hasta dónde puede llegar la investigación, pero todos afirmaron que es un escándalo y puede seguir escalando hacia la cúpula del poder.

 

Echaron a un funcionario del Senado tras los allanamientos

Gustavo Pérez quedó fuera de la estructura del Senado luego de que Página Judicial diera a conocer los allanamientos en dos estudios contables que la Justicia entiende que tienen una relación directa con la Cámara alta. Estas medidas se dieron en el marco de la causa en la que se investiga un cúmulo de contratos irregulares que pueden ser utilizados como método de recaudación fraudulenta. Esta maniobra también se repetiría en Diputados.

Se trata del director general de administración, que viene de ocupar ese cargo desde la gestión anterior. Adán Bahl firmó el decreto en el que se plasmó su paso al costado. En rigor, le pidió la renuncia, supo Página Judicial.

El vicegobernador estaría tranquilo. Luego del enojo, tras la publicación, reunió a los presidentes de bloque y les hizo saber la decisión que iba a tomar con Pérez. En su lugar, ahora, quedó Maximiliano Argento, un hombre de su confianza y que se estaba desempeñando como segundo de Pérez. Bahl instó a los titulares de las bancadas, Raymundo Kisser (Cambiemos) y Angel Giano (PJ), a que pongan la lupa para el interior de los espacios que conducen.

La fiscal Patricia Yedro allanó este miércoles por la mañana dos estudios contables ligados al Senado. Se encontraron unos 30 contratos. La causa tiene a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche como coordinadora del caso. La jueza de garantías es Marina Barbagelata.

La historia comenzó en la tarde del 20 de septiembre, luego de que Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Álvarez retiraran dinero mediante el uso de varias tarjetas de débito y sean interceptados por agentes de la Policía ante las maniobras sospechosas. Luego la Policía allanó el domicilio de Beckman y se encontró con otros plásticos y documentación. Los sospechosos terminaron en prisión preventiva. A Beckamn la representa Humberto Franchi.

Se investigan dos delitos de estafa tipificados en el artículo 173 del Código Penal en su inciso 15, que dice: “El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática”.

Llamó la atención a la Justicia que una mujer tuviera encima varios plásticos de diferentes personas sacando dinero en un mismo acto. Cabe, aquí, el artículo 175 inciso 5, referido a quien “cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”.

La causa está bajo secreto de sumario.

 

Fuente: Página Judicial