El fiscal federal N° 2, Walter Rodríguez, pidió la medida de coerción para Ángel Yamil Benavídez.

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Este jueves la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe solicitó la prisión preventiva de Ángel Yamil Benavídez, detenido la semana pasada en un departamento del puerto donde habría operado una "cueva financiera".

El exfuncionario municipal fue imputado el viernes pasado por "lavado de activos", "defraudación mediante el uso fraudulento de tarjetas de débito en 39 ocasiones" e "intermediación financiera no autorizada", tras lo cual se negó a declarar ante el juez Aurelio Cuello Murúa. En ese momento comenzó el plazo de 10 días con el que cuenta el magistrado para definir la situación procesal de Benavídez.

En ese marco, este jueves el fiscal federal N° 2, Walter Rodríguez, solicitó la prisión preventiva, indicó que sólo por los delitos de "defraudación" el máximo de la pena en expectativa superaría los 50 años de prisión y que los vínculos del imputado y su posibilidad de acceder a dinero llevan a presumir que Benavídez "no se someterá al procedimiento y obstaculizará la investigación".

Uso de datos no autorizado

En su escrito, el fiscal señaló que Benavídez fue imputado porque "en forma personal, y/o como empleado del Consejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, desde septiembre de 2020 hasta la actualidad, desarrolló maniobras de manera habitual, a fin de obtener la emisión de 39 tarjetas de débito, mediante ardid o engaño, o cuanto menos mediante el uso no autorizado de datos de 39 personas".

Asimismo, "puso en circulación el dinero obtenido en forma ilícita mediante operaciones de depósito en entidades financieras y transferencias entre cuentas bancarias con el fin de otorgarles apariencia de licitud", maniobra que "desarrolló con la intervención parcial de la persona jurídica 'Servicios La resistencia Sociedad Simple'". La misma fue constituida en fecha 16 de noviembre de 2022 por Benavídez y otro hombre.

El de los dólares y euros

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Para la Fiscalía, la gran cantidad de dinero incautado que el exfuncionario municipal tenía en su poder en el departamento del puerto de Santa Fe (45.251.600 pesos; 23.000 reales; 22.035 euros; y 83.172 dólares) "resultaría procedente de un hecho ilícito y tendría como finalidad ser aplicado a operaciones de lavado de activos".

Fuente: El Litoral