Denuncias previas al incendio ya advertían sobre presuntos maltratos en un hogar de adultos mayores de Santa Fe

Mucho antes de que las llamas expusieran públicamente lo que ocurría dentro del hogar de tránsito que funcionaba en barrio Nuevo Horizonte, ya existían denuncias formales, cartas desesperadas y presentaciones ante distintos organismos del Estado que advertían sobre una situación que, de acuerdo con esos documentos, podía terminar de peor manera.

El Litoral tuvo acceso a las dos denuncias penales, presentaciones administrativas y la carta manuscrita de uno de los residentes del lugar, documentos que permiten reconstruir una cronología que hoy adquiere otra dimensión tras el incendio que motivó la intervención de la Justicia y la detención de un empleado del establecimiento.

La pregunta que surge casi naturalmente es otra: si las advertencias estaban hechas desde marzo, ¿por qué nadie logró evitar que las personas siguieran viviendo allí?

Todo comenzó antes del incendio

El primer antecedente que aparece en la documentación es del 2 de marzo de 2026. Ese día se presentó una actuación ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que luego fue incorporada como prueba en la causa.

Más de un mes después, el 22 de abril, una joven santafesina, cuya identidad El Litoral preserva, D.E.R.D., decidió acudir al Centro de Denuncias Centro, en Las Heras 2883.

La denuncia quedó registrada bajo el número D-0100500311-0140520-20260422-1.

Allí relató que había descubierto una extracción de dinero de la cuenta donde su padre cobraba la pensión por discapacidad y apuntó contra la mujer que administraba el hogar donde él residía desde el año anterior.

En la denuncia reconstruyó cómo su padre, enfermo de Parkinson, había sido internado primero en el Nuevo Hospital Iturraspe y luego derivado al Hospital Protomédico "Dr. Manuel Rodríguez" de Recreo.

Según su relato, durante esa internación una trabajadora social, identificada, le explicó que, como la familia no podía afrontar un cuidado permanente, sería trasladado al hogar de Nuevo Horizonte.

Fue entonces cuando, siempre según la denuncia, les solicitaron entregar el DNI, la tarjeta donde se acreditaba la pensión y el PIN bancario del paciente.

La joven sostuvo que el pedido le pareció extraño desde el primer momento, pero terminó aceptándolo porque tanto la asistente social como la administradora insistían en que era necesario para concretar el traslado.

Pocos días después de llegar al lugar, su padre debió ser internado nuevamente, esta vez en el Hospital Cullen, por un cuadro de neumonía.

"Mi papá lloraba"

En diálogo con El Litoral, la denunciante aseguró que cada vez que visitaban el establecimiento encontraban a su padre cada vez más delgado y deteriorado.

Contó que él les decía que casi no recibía comida, que muchas veces no le daban la medicación y que lloraba mientras les pedía ayuda – lo dicho consta en las denuncias.

También describió otra escena que la marcó.

Según declaró, durante una visita su madre encontró a un hombre mayor acostado en un rincón del patio, pidiendo que alguien lo llevara al médico porque, según decía, nadie lo atendía.

La denuncia también sostiene que el establecimiento no contaba con médicos ni enfermeros permanentes, que no garantizaba condiciones mínimas de higiene ni alimentación y que la administradora cobraba mensualmente la pensión de su padre

Como respaldo, puso a disposición de la Fiscalía fotografías, conversaciones de WhatsApp, actuaciones administrativas y documentación relacionada con el caso.

Tres semanas después apareció una carta. En la mañana del 15 de mayo, la denunciante fue primero a la Defensoría del Pueblo.

Según consta en la presentación judicial, allí le recomendaron radicar una nueva denuncia para que pudiera intervenir la Secretaría Provincial de Adultos Mayores.

Ese mismo día regresó al Centro de Denuncias Centro y presentó una segunda denuncia, registrada bajo el número D-0100500311-0156168-20260515-9.

Esta vez llevaba algo más que fotografías. Llevaba una carta escrita por uno de los propios residentes.

El pedido de auxilio de Luis César Arriola

La denunciante contó que el 7 de mayo, cuando fue junto a su madre a festejar el cumpleaños de su padre, recibió una hoja doblada que él guardaba.

Era una carta escrita por Luis César Arriola, otro de los hombres alojados en el establecimiento, describía una situación desesperante que meses después terminaría en el incendio cómo "último recurso"

Decía que no recibían asistencia médica ni medicamentos, que el hambre avanzaba, que sufrían agresiones físicas y psicológicas y que su problema de visión empeoraba rápidamente.

Pedía que denunciaran la situación ante la Policía o el Ministerio Público de la Acusación. También rogaba que lo sacaran de allí antes de quedarse ciego.

La segunda denuncia agrega otro dato.

Según la familia, semanas antes de escribir esa carta, Arriola ya había contado personalmente que necesitaba atención médica urgente y que nadie lo llevaba a un centro de salud.

Después vino el incendio

Meses más tarde ocurrió el incendio que hizo que el nombre del hogar clandestino llegara a toda la provincia.

Hubo evacuaciones, intervención policial y una investigación que terminó con la detención de un empleado mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió y quiénes son los responsables.

Pero la documentación a la que accedió El Litoral muestra que el incendio no fue el comienzo de la historia.

Fue el momento en que la historia dejó de ser invisible.

¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?

Si la causa penal busca establecer qué responsabilidad tuvieron quienes administraban el establecimiento, hay otra línea de análisis que inevitablemente aparece al leer la cronología.

¿Qué hicieron los organismos públicos cuando comenzaron a llegar las denuncias?

Los documentos muestran que hubo advertencias dirigidas a distintas dependencias del Estado.

La secuencia está documentada.

• 2 de marzo: presentación ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

• 22 de abril: primera denuncia penal en el Centro de Denuncias Centro.

• 15 de mayo: consulta en la Defensoría del Pueblo y segunda denuncia penal acompañada por fotografías, conversaciones y la carta de Luis César Arriola.

Es decir, cuando ocurrió el incendio ya existían denuncias penales, actuaciones administrativas, material fotográfico y el testimonio escrito de uno de los propios residentes describiendo lo que ocurría dentro del establecimiento.

¿Importan?

Funcionarios del Estado ya sabían lo que estaba pasando, la línea investigativa de El Litoral, nos lleva hacia tres establecimientos más, uno en Santo Tomé. Todas regenteadas por M.L.M, además de una red en distintos organismos que permitian a esta mujer de 51 años, tener poderes para manejar el dinero de los abuelos sin autorización de los titulares ni de sus familiares.

No fue sorpresivo lo que ocurrió para los organismos responsables, fue la única manera de que haya salido a la luz una situación que refleja el inhumano y cruel ejercicio contra personas mayores que viven peor que animales ante la indiferencia de una sociedad que “descarta” a los ancianos como si fuesen escoria.

El discurso dominante sobre la vejez y el “gasto” se ve reflejado de las maneras más perversas.

¿Importa?