Se trata de Fernando Martín Rodrigo, quien renunció en 2017. Se lo juzga por falsear documentos para intervenir teléfonos de su ex y del entorno íntimo de la mujer. Ocurrió en Rosario.

El caso del exfiscal rosarino Fernando Martín Rodrigo, quien tuvo que renunciar al comprobarse que había ordenado escuchas ilegales a los teléfonos de su ex pareja y al entorno de la mujer entra en etapa de definición. Este miércoles se realizó la audiencia preliminar al juicio que se realizará sobre finales de noviembre y la fiscal Natalia Benvenuto adelantó que pedirá para el ex funcionario judicial 5 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

El tema de la inhabilitación no es algo menor, ya que hoy se comprobó que Rodrigo apareció en la terna de postulantes para ocupar el cargo de fiscal en los Tribunales Federales de Río Gallegos, de acuerdo a una resolución firmada por el procurador de la Nación, Eduardo Casal.

La fiscal a cargo de la acusación contra Rodrigo, Natalia Benvenuto, le endilga a Rodrigo ser autor de los delitos de peculado de trabajos y servicios públicos en concurso ideal con falsedad ideológica y uso de documento público, delitos todos agravados por su condición de funcionario judicial.

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Rodrigo quedó formalmente imputado por esos delitos el 2 de agosto de 2019. Se lo acusó por cuatro casos de interceptaciones telefónicas ilegales a su expareja y a familiares y amigos de la mujer, mientras ejercía el cargo de fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio.

Según estableció Benvenuto, el entonces funcionario judicial falseó los motivos de las escuchas telefónicas con fines privados. Y lo hizo al insertar los números telefónicos de su ex y de amigos y familiares de ellas que solicitaba intervenir a un juez, como parte de investigaciones sobre desarmaderos de autos y casos de robo.

En principio, Rodrigo tomó licencia psiquiátrica y luego renunció cuando se conoció el caso, en 2017. Así se convirtió en el primer funcionario de ese rango en ser separado del cargo desde que se creó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en 2014.

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