Condenaron a "Bombita", un jubilado que lo atraparon transportando media tonelada de dinamita en su camioneta

Alberto Barnada, un jubilado de 77 años apodado “Bombita”, fue condenado esta semana a tres años de prisión condicional por tráfico ilegal de explosivos, luego de ser sorprendido con 500 kilos de dinamita ocultos en su camioneta. El hecho ocurrió el 11 de junio de 2024 y su sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Paraná.

Según la investigación, Barnada había partido desde Córdoba con destino a Misiones, y cruzó la provincia de Santa Fe hasta llegar a Entre Ríos, donde fue interceptado en el Puesto Caminero Santa María, ubicado en el kilómetro 496 de la Ruta Nacional 12, cerca del Túnel Subfluvial.

Dinamita oculta entre trapos y sin papeles

Durante la inspección de rutina, el acusado manifestó un comportamiento nervioso y dijo transportar “agroquímicos”. Sin embargo, los agentes detectaron 15 panes de dinamita Gelamón V.F. 65%, fabricados por Fabricaciones Militares de Villa María, ocultos con trapos y sin la documentación reglamentaria para su traslado.

El explosivo, de uso habitual en minería y obras de gran envergadura, estaba en una camioneta común, sin elementos de seguridad, lo que encendió las alarmas de las fuerzas intervinientes.

El argumento de la defensa y la respuesta de la Fiscalía

Durante el juicio, la defensa de Barnada intentó minimizar la peligrosidad del cargamento, al señalar que la ausencia de detonadores lo hacía inofensivo. No obstante, expertos en explosivos de Bomberos negaron tal afirmación, aclarando que el transporte seguía siendo extremadamente riesgoso.

El fiscal José Ignacio Candioti solicitó cuatro años de prisión efectiva, afirmando que el jubilado llevaba más dinamita que la utilizada en el atentado a la AMIA. A su vez, la fiscal auxiliar Valeria Esponda remarcó la gravedad del caso: “Dejó el vehículo estacionado toda la noche a media cuadra de una estación de servicio con media tonelada de explosivos”.

Durante el juicio, el propio Barnada admitió que no tenía autorización para transportar material explosivo y que no cumplía con la normativa vigente. También se estableció que el hombre se dedicaba al comercio de equipos viales y mineros, lo que, según la fiscalía, demuestra que era plenamente consciente del riesgo que implicaba su accionar.

La sentencia

La jueza Noemí Berros finalmente resolvió dictar una pena de tres años de prisión condicional, menor a la solicitada por la fiscalía, pero respaldando el pedido de destrucción del material incautado.

El vehículo utilizado en el transporte fue secuestrado y se ordenó su uso para tareas oficiales de traslado. Los explosivos, en tanto, serán destruidos bajo supervisión judicial para evitar que representen un nuevo peligro.