Caso Bastián: la Justicia prohibió las actividades con vehículos 4x4 y UTV en “La Frontera” de Pinamar
Un juez de Dolores ordenó el cese inmediato de pruebas, carreras y maniobras temerarias en los médanos, tras reiterados accidentes y un grave siniestro que dejó a un niño internado.
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La Justicia bonaerense dispuso la prohibición inmediata de todas las actividades recreativas motorizadas en el sector de médanos conocido como “La Frontera”, en Pinamar, a raíz de los reiterados accidentes registrados en la zona y del grave caso que tuvo como víctima a un menor.
La medida fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, a cargo del juez suplente Félix Adrián Ferrán, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada contra la Municipalidad de Pinamar por Pablo Martínez Carignano, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El fallo ordena el “cese inmediato y la prohibición expresa” de pruebas de destreza, competencias formales o informales, eventos recreativos organizados, carreras y maniobras temerarias realizadas con camionetas 4x4, UTV, cuatriciclos, motos u otros vehículos similares en los médanos costeros del partido de Pinamar, aun cuando se trate de predios privados. El magistrado fundamentó la decisión en que se trata de conductas de riesgo manifiesto, frecuentemente asociadas a siniestros graves y muertes, con niñas y niños como víctimas recurrentes.
La resolución judicial se conoció luego de un grave accidente ocurrido semanas atrás en “La Frontera”, donde Bastián, un niño de 8 años, sufrió múltiples fracturas de cráneo tras un choque frontal entre un UTV y una camioneta. El menor continúa internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, aunque la familia informó que su evolución es estable y progresiva.
En el fallo, el juez remarcó que estas prácticas generan todos los años accidentes graves y fatales y que los municipios tienen la obligación de ejercer el poder de Policía, regulando y controlando actividades que comprometan la seguridad pública. Además, rechazó el argumento del municipio, que sostenía no poder intervenir por tratarse de terrenos privados, al considerar que esa excusa no es válida frente a un riesgo cierto, conocido y evitable.
La prohibición se mantendrá vigente hasta que el municipio garantice condiciones adecuadas de seguridad y control, como señalización, delimitación de zonas, supervisión efectiva y medidas preventivas suficientes.
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