Casi 5 toneladas de droga y un valor potencial de $7.500 millones: la trama detrás de “Carbón Verde”

La denominada operación “Carbón Verde” permitió el secuestro de 4.927 kilos de marihuana que eran transportados ocultos entre bolsas de carbón. El procedimiento, que comenzó en la provincia del Chaco, reveló una compleja red delictiva con ramificaciones que alcanzan directamente a la ciudad de Recreo, en el departamento La Capital.

La investigación judicial puso bajo la lupa a Marcela Guadalupe Leguizamón, una mujer de 50 años que cumplía con el beneficio de prisión domiciliaria. Según la hipótesis del fiscal federal Carlos Martín Amad, la sospechosa habría organizado desde su propia vivienda la recepción del cargamento ilegal, actuando como una pieza clave en la logística de la banda.

El hallazgo inicial ocurrió el 14 de octubre sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 999. Efectivos de la Policía del Chaco interceptaron un camión que presentaba un pedido de secuestro por robo. Tras la intervención de una perra entrenada para detectar estupefacientes, los agentes confirmaron que el vehículo transportaba una carga millonaria de droga.

El fiscal Carlos Martín Amad, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Presidencia Roque Sáenz Peña, confirmó que la organización está integrada por ciudadanos argentinos y paraguayos. La droga habría sido cargada en Clorinda, provincia de Formosa, con el objetivo de ingresar al circuito de distribución nacional que tenía como destino final el territorio santafesino.

Detenciones y medidas judiciales

El 27 de octubre, personal de la Prefectura Naval Argentina efectivizó la detención de Marcela Guadalupe Leguizamón y su hijo, Jonatan Gastón Heredia. Ambos fueron trasladados a la provincia del Chaco para quedar a disposición de la jueza federal Zunilda Niremperger, quien dictó la prisión preventiva por un plazo de 90 días para los acusados.

La magnitud económica de la operación es impactante. Las autoridades estimaron que el valor de la marihuana secuestrada asciende a 1.500 millones de pesos en el mercado mayorista. No obstante, esa cifra podría escalar hasta los 7.500 millones de pesos si la sustancia fuera fraccionada y comercializada al menudeo en los distintos puntos de venta finales.

La Justicia Federal mantiene abiertas diversas líneas de investigación para identificar a otros integrantes de la estructura. El análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos resulta fundamental para desentrañar los contactos y las responsabilidades. Además, se emitieron órdenes de captura de alcance nacional e internacional para dar con el resto de los involucrados en la maniobra.

El interrogante principal que desvela a los investigadores es quiénes esperaban recibir el cargamento en Recreo. La posibilidad de que la ciudad fuera el punto final o un nodo de distribución mayor mantiene a las fuerzas de seguridad en alerta, mientras se intenta determinar el alcance real de esta red criminal que operaba bajo la fachada de un transporte de carbón.