Agostina Vega y un debate que vuelve a escena: cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio en Argentina
El crimen de la adolescente cordobesa reabrió una discusión jurídica y social sobre los términos utilizados para describir los asesinatos de mujeres por razones de género y el alcance de la responsabilidad estatal.
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El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana, volvió a generar conmoción en todo el país y reactivó una discusión que suele aparecer cada vez que ocurre un crimen de estas características: ¿es lo mismo hablar de femicidio que de feminicidio?
Mientras la investigación avanza y la Justicia analiza nuevas medidas sobre el único detenido por el caso Claudio Barrelier, organizaciones feministas, especialistas en derecho y referentes de derechos humanos volvieron a plantear la diferencia conceptual entre ambos términos.
En Argentina, el concepto de femicidio es el que tiene reconocimiento legal dentro del Código Penal. Se utiliza para describir el asesinato de una mujer cometido por razones de género, es decir, cuando la violencia contra la víctima está vinculada a una relación de poder, dominación, discriminación o violencia machista.
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La figura fue incorporada en 2012 mediante una reforma del Código Penal que estableció la prisión perpetua para los homicidios agravados por violencia de género. Desde entonces, la Justicia argentina emplea esa denominación para investigar y juzgar este tipo de crímenes.
Sin embargo, en ámbitos académicos, organismos internacionales y movimientos feministas también se utiliza el término feminicidio, que presenta una diferencia importante.
Mientras el femicidio pone el foco en el autor material del crimen y en la violencia ejercida contra la víctima, el feminicidio amplía la mirada e incorpora la posible responsabilidad del Estado cuando existieron fallas institucionales, falta de prevención, ausencia de protección o situaciones de impunidad que facilitaron el desenlace. Es un concepto político y sociológico que fue creado por la investigadora mexicana Marcela Lagarde para incorporar la responsabilidad del Estado: señala que estos asesinatos ocurren debido a la inacción, negligencia o complicidad de las instituciones estatales, lo que genera impunidad.
Desde esta perspectiva, el feminicidio no solo analiza quién cometió el asesinato, sino también qué respuestas brindaron —o dejaron de brindar— los organismos encargados de proteger a las mujeres frente a situaciones de riesgo.
En la práctica judicial argentina, la distinción no modifica la pena prevista para el responsable del crimen. Tanto en los casos que socialmente se denominan femicidios como en aquellos que algunos sectores identifican como feminicidios, la sanción contemplada por la legislación es la prisión perpetua cuando se acredita el agravante de violencia de género.
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No obstante, el uso de uno u otro término continúa marcando diferencias en el debate público. Mientras algunos especialistas consideran que femicidio resulta suficiente para describir el delito, otros sostienen que feminicidio permite visibilizar con mayor claridad las responsabilidades institucionales que pueden existir detrás de determinados casos.
En el plano internacional, las Naciones Unidas suele utilizar los términos femicidio y feminicidio de manera indistinta para referirse al asesinato intencional de mujeres y niñas por razones de género, considerado la expresión más extrema de la violencia machista y una grave violación a los derechos humanos. Sin embargo, distintos ámbitos académicos y organizaciones especializadas mantienen una diferenciación conceptual: mientras el femicidio se enfoca en el crimen cometido contra una mujer por motivos de género, el feminicidio incorpora además la posible responsabilidad del Estado cuando existen fallas en la prevención, protección o acceso a la justicia que favorecen escenarios de impunidad.
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La preocupación mundial por este tipo de violencia continúa en aumento. De acuerdo con datos difundidos por Naciones Unidas, una mujer o niña es asesinada cada 10 minutos en el mundo por una pareja, expareja o integrante de su entorno familiar, una cifra que refleja la dimensión global del problema y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección.
En definitiva, ambos conceptos parten de una misma realidad: el asesinato de mujeres por motivos de género. La diferencia radica en el alcance del análisis. El femicidio se concentra en el crimen y su autor; el feminicidio incorpora además la mirada sobre las posibles fallas estructurales, sociales e institucionales que pudieron contribuir a que ese hecho ocurriera.
El debate sobre los conceptos de femicidio y feminicidio trasciende las definiciones jurídicas y académicas. Detrás de cada término hay historias truncadas, familias atravesadas por el dolor y una sociedad que sigue reclamando respuestas.
A pocos días de un nuevo 3 de junio, fecha en la que se conmemora el movimiento Ni Una Menos y donde marcharan miles de mujeres,el caso de Agostina Vega vuelve a recordar que la lucha contra la violencia de género sigue siendo una deuda pendiente. La memoria de quienes ya no están y el reclamo de justicia por cada víctima renuevan el compromiso colectivo de construir una sociedad donde ninguna mujer vea vulnerado su derecho a vivir libre y segura.
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