Abusó de sus hijastras, las obligó a filmarse y a sacarse fotos: un policía fue detenido tras allanamiento
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En un importante avance en la lucha contra los delitos sexuales, el Departamento Operativo de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, arrestó el pasado lunes a un policía de 41 años. El arresto se realizó bajo instrucciones del MPA en el marco de una denuncia por abuso sexual que había sido presentada recientemente.
Este no es el único cargo que enfrenta el detenido. También se le atribuye la destrucción de evidencias en esta y otras investigaciones penales, ya que en 2015, presuntamente, cometió un incendio en la sede de la Unidad Fiscal San Javier del MPA. Estos delitos fueron presentados ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg, en una audiencia celebrada esta mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
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Según la Fiscalía, algunos de los delitos contra la integridad sexual fueron cometidos antes del incendio y otros después. La realización de diligencias en el marco de la investigación de los abusos más recientes ha permitido avanzar en el esclarecimiento de los otros ilícitos. El MPA ha destacado la incorporación de herramientas tecnológicas que han proporcionado información relevante para ampliar la imputación. Además, como resultado de los allanamientos, se han incautado teléfonos celulares y armas de fuego de interés para la causa.
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El modus operandi del policía involucrado era particularmente perturbador. Las víctimas eran adolescentes que sufrieron abusos sexuales durante años. Una de ellas fue sometida entre 2011 y 2014, mientras que la otra fue víctima entre 2018 y 2020. Además de los abusos, el agresor también tomaba fotografías y grababa videos de las víctimas en el contexto de estos actos violentos, lo que ha tenido graves consecuencias para la salud física y psicológica de las jóvenes.
La audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo el próximo viernes, cuyo horario será confirmado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de la capital provincial. La Fiscalía ha anunciado que solicitará la prisión preventiva del individuo investigado, a fin de garantizar la seguridad de las víctimas y evitar la destrucción de pruebas mientras se desarrolla el proceso judicial.
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