El Niño golpea al campo: Entre Ríos declaró la emergencia agropecuaria

El gobernador Rogelio Frigerio firmó un decreto que declara el estado de desastre o emergencia agropecuaria en Entre Ríos. La normativa es retroactiva al 1 de agosto de 2026 y se extenderá hasta julio de 2027. Esta decisión busca brindar alivio fiscal a los productores afectados por el fenómeno climático El Niño.

El mandatario provincial comisionó al ministro de Producción, Guillermo Bernaudo, para gestionar ante el gobierno de Javier Milei que la Nación adopte una medida similar. La asistencia es fundamental para mitigar los daños en la región.

La medida alcanza a explotaciones ganaderas y apícolas situadas en zonas de islas y anegadizos de los departamentos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy. Todos estos territorios se encuentran a la vera del río Paraná.

Esta resolución se suma a la emergencia hídrica declarada el 29 de agosto de 2026 en todo el territorio provincial. El objetivo principal es proteger la infraestructura, los servicios esenciales y la producción local.

“Sabemos que el fenómeno de El Niño ya está golpeando a algunos productores entrerrianos, especialmente a quienes desarrollan actividades ganaderas y apícolas en las zonas de islas”, aseguró Rogelio Frigerio. El gobernador enfatizó que la responsabilidad del Estado es estar cerca de los trabajadores en este momento difícil.

El Ejecutivo provincial implementará medidas de alivio fiscal, incluyendo la postergación de vencimientos impositivos y facilidades de pago. “No podemos exigirles a los productores que cumplan con las mismas obligaciones cuando una inundación les impide trabajar y producir”, sentenció el mandatario.

El decreto instruye a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a diferir los vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural de 2026 y 2027 hasta el 31 de enero de 2028. Además, se condonarán multas e intereses por pagos fuera de término.

Para acceder a estos beneficios, los productores deberán presentar una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos. El documento debe contar con la firma de un profesional matriculado y la certificación de una entidad representativa del sector.

La decisión se fundamenta en informes técnicos del Instituto Nacional de Agua (INA), el Senasa, la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa (Fucofa), el INTA y la Prefectura Naval Argentina. Los datos indican que más del 50% de la capacidad productiva ganadera en las islas está afectada.

Los perjuicios económicos incluyen la disminución del rendimiento, ventas forzosas de hacienda y mayores costos operativos. En el sector apícola, se reportaron daños directos en colmenas ubicadas en humedales y franjas costeras, sumado a las dificultades logísticas para el traslado de los apiarios.