CRA denunció presiones y abusos en la implementación de la plataforma VISEC para exportar a Europa

La entidad Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), a través de su secretario Adrián Luna Vázquez, lanzó una dura advertencia sobre el impacto del Reglamento (UE) 2023/1115. Esta normativa europea, bajo un fundamento ambiental, impone una barrera paraarancelaria que perjudica a los productores argentinos, desconociendo el orden jurídico local y descalificando campos habilitados legalmente por las provincias.

El canciller Pablo Quirno calificó esta medida como "neoproteccionismo ambiental", postura que es compartida por la entidad. Para CRA, el gremialismo no debe ser una resignación ante exigencias externas, sino la defensa de principios fundamentales. La organización sostiene que cumplir con una norma internacional no implica aceptar que una plataforma privada, como VISEC, se convierta en el árbitro absoluto de la comercialización.

El reglamento, que será plenamente aplicable desde el 30 de diciembre de 2026, exige información sobre la trazabilidad, pero no obliga a utilizar un sistema privado único. Según CRA, se confunde una obligación legal con una solución comercial. Existen alternativas, como la Resolución 50/2024 de la Secretaría de Agricultura, que promueve la pluralidad de esquemas de diferenciación, y herramientas públicas como Santa Fe Produce Sustentable.

El conflicto central radica en el precio. CRA ha recibido denuncias sobre frigoríficos exportadores que condicionan la compra o aplican descuentos sobre la hacienda a quienes no se inscriben en VISEC Carne. "No cuestionamos que un producto diferenciado valga distinto: cuestionamos que un grupo de frigoríficos use su posición de compra para imponer una adhesión privada", sentenciaron desde la entidad, sin descartar acciones ante la defensa de la competencia.

Además, existen omisiones institucionales graves. La Constitución Nacional, en su artículo 124, otorga a las provincias el dominio de sus recursos naturales. Cuando una asociación civil reemplaza las decisiones de una autoridad provincial, se vulnera la organización federal. Lo mismo ocurre con la Ley 25.877 sobre control laboral, donde la función gremial no puede arrogarse facultades de policía que la ley no reconoce.

Finalmente, CRA exige que el Estado nacional deje de mirar desde afuera. Es necesario desarrollar herramientas públicas de validación, admitir plataformas interoperables y garantizar que el productor conserve el control de su información. "El problema es un modelo en el que otros deciden, otros administran, otros controlan, otros se benefician, y el productor paga", concluyó el comunicado oficial de la entidad.