Vicentin: a horas del cierre del cramdown se tensa la puja por el control de la empresa

Con el reloj marcando el tramo final del proceso de cramdown de Vicentin S.A.I.C., la histórica agroexportadora con sede en Reconquista y Avellaneda, el expediente judicial que definirá el futuro de la firma se volvió un tablero de alta tensión. Este sábado 1 de noviembre a las 00:01 vence el plazo para presentar adhesiones al plan de salvataje, y las dos propuestas en pugna aceleran sus estrategias en los últimos movimientos de esta pulseada empresarial sin precedentes en Santa Fe.

El juez Fabián Lorenzini deberá resolver no solo quién se quedará con la empresa, sino también si acepta las impugnaciones e investigaciones que podrían redefinir el conteo de votos y la validez de adhesiones claves.

Dos propuestas enfrentadas

Por un lado, el consorcio Molinos Agro S.A. – Louis Dreyfus Company (LDC) sostiene haber alcanzado más del 70% de las conformidades necesarias para quedarse con el control. Su propuesta busca recomponer la estructura financiera, garantizar el pago a acreedores y sostener la actividad exportadora. Subrayan su intención de ofrecer una “solución seria y sustentable” con mirada de largo plazo.

Por el otro, el grupo Grassi S.A., acompañado por la firma cordobesa Porta Hermanos, presentó un proyecto que apuesta a reactivar la planta de bioetanol en el “Nodo Norte”, detenida desde 2020. Aunque su propuesta también busca sostener empleos, se opuso al pedido de auditoría de votos solicitado por su competidor, generando tensiones dentro del expediente.

La jugada clave: impugnan a Vicentin Paraguay

En las últimas horas, Molinos y LDC impugnaron la adhesión de Vicentin Paraguay, argumentando que no puede ser considerada un acreedor independiente, ya que responde a la casa matriz actualmente intervenida judicialmente. La adhesión de la filial paraguaya podría incidir en el recuento final de apoyos.

Además, el consorcio solicitó al juez una auditoría digital del padrón de adhesiones, con veedores de ambas partes para controlar la validez de cada voto. El objetivo es evitar irregularidades en un proceso que definirá el futuro de una de las empresas más emblemáticas del agro argentino.

Uno de los focos de la disputa es el voto del empresario Esteban Nofal, quien absorbió parte de la deuda bancaria internacional y representa el 37% del pasivo computable. Molinos y LDC denunciaron que los fondos provienen de Avir South, financiada presuntamente por Soripel S.A., firma controlada por Nofal, y que a su vez tendría vínculos con empresas del grupo Grassi, algunas radicadas en paraísos fiscales como Bahamas o Islas Vírgenes Británicas.

Qué está en juego

El juez Lorenzini definió que la oferta ganadora será aquella que reúna el apoyo de la mayoría simple de los acreedores (más de 861 votos) y dos tercios del total del capital adeudado (más de $66.941 millones). De acuerdo con la sindicatura, hay 1.722 acreedores habilitados para votar y un pasivo total de $100.412 millones. La Sindicación Plural, designada para supervisar el proceso, advirtió que cualquier análisis sobre la validez de votos impugnados se hará una vez finalizado el plazo de adhesiones.

Expectativa en el norte santafesino

En Reconquista y Avellaneda, la tensión es creciente. La definición no solo determinará el futuro de una compañía con casi un siglo de historia, sino también el sustento de miles de familias vinculadas a la agroindustria. Trabajadores, proveedores y productores aguardan con ansiedad una resolución clara, que permita recuperar la confianza en la cadena agroexportadora regional.

Mientras el tiempo corre, todas las miradas están puestas en el juez Fabián Lorenzini, quien deberá resolver si habilita la auditoría digital, si da lugar a las impugnaciones, y —finalmente— quién tomará las riendas de Vicentin. Su fallo marcará el cierre de un capítulo judicial y económico clave para Santa Fe y el país.