Quiebra definitiva de una histórica fábrica láctea deja sin trabajo a 140 personas
Tras un conflicto gremial prolongado y deudas millonarias, la empresa fue declarada en quiebra y sus 140 trabajadores perderán sus empleos.
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El juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Mercedes clausuró la firma Lácteos Conosur S.A. —que operaba bajo el nombre comercial La Suipachense— con más de 70 años de actividad en el mercado.
Origen del conflicto
La fábrica, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha, atravesaba un escenario crítico: paralización de actividades, conflictos laborales y acumulación de cheques rechazados por miles de millones de pesos.
En su resolución, el juzgado determinó que “la inhabilitación de la empresa fallida es definitiva”, ordenando además la inhibición general de bienes y la clausura del establecimiento.
La medida deja directamente sin empleo a unas 140 personas, quienes ya no contaban con producción activa y reclamaban sus salarios.
La quiebra de La Suipachense se suma a la de otra empresa láctea del sector, Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que había sido declarada en quiebra días antes.
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Deudas y consecuencias jurídicas
La empresa acumulaba una deuda estimada en más de $8.450 millones, según datos judiciales; junto a ello, había más de un millón de pesos reclamados por el gremio lácteo.
El fallo también incluyó la inhabilitación de su administrador, el empresario Jorge Luis Borges León, quien quedó sujeto a restricciones para salir del país.
Qué sigue ahora
La etapa de liquidación comenzará de inmediato: la sindicatura interviniente deberá disponer el destino de los activos, mientras la planta permanece clausurada y la documentación estará bajo custodia judicial.
El contexto obliga a monitorear los efectos en la cadena de producción lechera de la región y las medidas de asistencia que puedan implementarse para los trabajadores.
La caída de La Suipachense representa no sólo el fin de una empresa emblemática de la industria láctea argentina, sino también el impacto inmediato sobre trabajadores, familias y la economía local. En un sector ya golpeado por la crisis, este nuevo capítulo añade urgencia al debate sobre sostenibilidad, regulación y protección laboral.
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