Indagarán a ex directivos de Vicentin y del Banco Nación por un presunto fraude de U$S260 millones

El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a 26 ex directivos de la firma Vicentin y del Banco Nación, entre ellos el expresidente de la entidad, Javier González Fraga, por un presunto fraude al Estado argentino por más de 260 millones de dólares.

La causa, que se inició a fines de 2019 y está impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, investiga la concesión de préstamos irregulares a la agroexportadora durante los últimos meses de la gestión de Mauricio Macri, sin los controles necesarios y con posibles desvíos de fondos a paraísos fiscales.

Acusaciones y medidas judiciales

Según el dictamen de la fiscalía, parte de esos fondos habrían sido desviados a cuentas en el exterior y reintegrados a la propia Vicentin. La empresa, actualmente en convocatoria de acreedores, acumula deudas superiores a los 1.500 millones de dólares.

Junto con las citaciones, la Justicia dispuso una inhibición general de bienes para los implicados y la prohibición de salida del país, mientras avanza el proceso judicial.

Entre los acusados figuran los principales responsables de la cerealera, como Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Herman Vicentin, Martín Colombo, Roberto Vicentin y Máximo Padoan. Por el lado del Banco Nación, además de González Fraga, también fueron convocados Lucas Llach, Carlos Castellani, Ercilia Nofal, Miguel Arce, entre otros ex directivos, gerentes y síndicos.

Posibles consecuencias y antecedentes

El expediente apunta a determinar responsabilidades penales por la presunta defraudación al Estado nacional y recuperar parte del daño patrimonial, estimado en casi U$S 300 millones. Las autoridades judiciales también investigan si hubo connivencia entre funcionarios públicos y privados para beneficiar a Vicentin antes de la cesación de pagos.

En paralelo, sigue abierta la oferta presentada por el grupo Grassi para procesar soja bajo el sistema de fasón en las instalaciones de Vicentin. La propuesta contempla la utilización de la planta hasta noviembre de 2025, con el objetivo de mantener operativa la estructura y afrontar el pago de salarios, en medio de la crisis financiera de la firma santafesina.