Cinco empresas interesadas en los activos de Algodonera Avellaneda bajo supervisión judicial
El juez Fabián Lorenzini autorizó visitas técnicas a las plantas de Algodonera Avellaneda para cinco empresas interesadas, mientras la EPE reclama una millonaria deuda por el suministro eléctrico.
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Un total de cinco empresas manifestaron formalmente su interés en adquirir los activos de Algodonera Avellaneda. El proceso se desarrolla en el marco de la quiebra que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista.
La resolución, firmada el 3 de noviembre de 2026 por el juez Fabián Lorenzini, oficializó la nómina de interesados informada por la sindicatura. Las firmas que buscan avanzar son Algoservicios S.A., Vicentin Cereales S.A., Tipoiti SATIC, ENOD S.A. y Bolton S.A.
Esta etapa de preinscripción, dispuesta el 23 de octubre, representa una instancia de evaluación técnica. El magistrado aclaró que este paso no implica, por el momento, una adjudicación ni una venta concreta de los establecimientos.
Para facilitar el análisis, el juez autorizó visitas a las plantas bajo la supervisión de la sindicatura. El objetivo es que los interesados evalúen el estado real de las instalaciones y la viabilidad operativa.
Asimismo, Lorenzini otorgó una prórroga extraordinaria de cinco días hábiles judiciales. Esta medida busca compensar la complejidad técnica y económica que presenta la evaluación de las unidades productivas en marcha.
Conflicto por suministro eléctrico
En paralelo al proceso de venta, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) intimó a la firma por una deuda de $4.603.904.078,50. El monto corresponde al suministro eléctrico de la planta de hilandería.
La notificación fue incorporada al expediente el 29 de octubre por los síndicos Manuel Prono, Nieves González Rueda y Daniel Piumetti. La EPE advirtió que podría iniciar acciones legales o suspender el servicio.
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El organismo otorgó un plazo de diez días corridos para regularizar la situación. La EPE aclaró que los $4.603 millones representan el valor histórico, sin incluir actualizaciones por pagos fuera de término.
La sindicatura cuestionó que la intimación no detalla los períodos adeudados. Además, se sumó al expediente una factura de septiembre de 2026 por $782.487.179,80, que incluye cargos específicos del mercado eléctrico mayorista.
Hasta la fecha, la advertencia de la EPE no se tradujo en una interrupción efectiva del suministro. La justicia continúa analizando la continuidad de la empresa mientras evalúa las ofertas de los interesados.

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