Vuelve al primer plano el aumento a los jubilados
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La Corte podría declarar inconstitucional la ley aprobada a fines de 2017 que cambió la fórmula para aplicar los aumentos. El plan de Alberto Fernández para que recuperen el 20% de pérdida del poder adquisitivo.
Por un dictamen, el Procurador Fiscal Victor Abramovich le pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la aplicación retroactiva de la fórmula de movilidad jubilatoria que se aplicó en marzo de 2018.
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El pedido se apoya en un fallo de Cámara sobre una causa iniciada por Miguel Fernández Pastor, un experto en temas previsionales que cuestionó que la Ley aprobada por el Congreso el 29 de diciembre de 2017 implicó licuar un aumento en el primer semestre de vigencia de la norma.
El dictamen del Procurador surge en plena transición política y saca a la luz pública uno de los temas más sensibles en tiempos de aceleración inflacionaria y con el aditivo esencial de que ya en julio Alberto Fernández había dicho que impulsaría una modificación de la fórmula de movilidad aprobada en 2017.
La actual fórmula de movilidad jubilatoria está compuesta por el 70% de la inflación pasada y un 30% por los aumento salariales y se ajusta trimestralmente.
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Ese sistema representó un cambio sensible con relación al previo, y al que parte de la clase política plantea volver, que consistía en ajustar los haberes por un índice formado por mitades de los aumentos salariales y la recaudación de los aportes previsional de la ANSeS.
Ese sistema, además, contemplaba actualizaciones semestrales y "topes" para casos de saltos sensibles en la recaudación de la ANSeS. Los políticos, en voz baja, reconocen que, además, permitía cierta discrecionalidad en la determinación del número final.
Para funcionarios y economistas las consecuencias de la aplicación de la movilidad actual para jubilaciones y planes sociales constituye un dolor de cabeza por lo que representa en términos del gasto público total.
Jubilaciones, pensiones y planes sociales representan algo más del 50% de gasto público corriente y en una economía con inflación superior al 50% anual generan un "taxi" difícil de pagar y con riesgos a la hora de encarar cualquier plan que intente atacar la inercia inflacionaria.
Cabe mirar el drama previsional argentino caracterizado porque la mitad de los seis millones de jubilados cobran casi $1 3.000 mensuales y hay 2.200.000 familias que cobran $ 2652 por hijo por la AUH. Con una inflación superior al 40% se entiende muy rápido la caída real de esos ingresos.
Mirta Tundis, diputada del Frente Renovador de Sergio Massa y experta en el tema jubilatorio, sostuvo que la idea del presidente electo, Alberto Fernández, "es ir recomponiéndoles el 20% de pérdida del poder adquisitivo".
Tanto las jubilaciones como los salarios reales se deterioraron al calor de la suba del dólar y la trepada de la inflación. Y ahora aparecen a las puertas de un posible acuerdo social frente al cual los distintos participantes buscarán reacomodarse.
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