Súper RIGI: beneficios por 30 años para megainversiones y poco margen para empresas locales

El proyecto de Súper RIGI obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y quedó a la espera de su tratamiento en el Senado. La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional busca atraer megainversiones en sectores considerados estratégicos, con beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros y regulatorios por un plazo de 30 años.

El régimen establece un piso mínimo de inversión de USD 1.000 millones por proyecto y exige comprometer al menos el 20 % del desembolso durante los primeros dos años.

El esquema deberá canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), estructuras societarias creadas exclusivamente para cada emprendimiento. También podrán acceder sociedades constituidas en el exterior.

Entre los principales beneficios previstos se incluye una alícuota del 15 % en el Impuesto a las Ganancias, un gravamen reducido del 3,5 % sobre dividendos y utilidades, eliminación de derechos de exportación, exención para importaciones vinculadas al proyecto y libre disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100 % en el tercer año.

También se contempla una contribución patronal reducida al 10 % para nuevas relaciones laborales y estabilidad normativa por tres décadas en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social.

Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales ante controversias con el Estado, una cláusula que despertó objeciones en sectores opositores y entre especialistas que advierten sobre posibles condicionamientos futuros para la política pública.

Desde el oficialismo sostienen que el Súper RIGI apunta a actividades que aún no existen en el país o se encuentran en etapas iniciales, como centros de datos para inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica y otras industrias de alto valor agregado.

La promesa del Gobierno es que el nuevo marco permitirá acelerar exportaciones, generar empleo y crear cadenas de valor vinculadas a sectores tecnológicos considerados claves para el futuro productivo.

Sin embargo, el diseño del régimen también expone una fuerte controversia: el piso de inversión requerido deja afuera a la mayoría de las empresas argentinas, incluso a compañías de peso que no operan en la escala de desembolsos exigida.

Además, el texto excluye iniciativas de ampliación, modernización o reconversión de instalaciones ya existentes, por lo que buena parte del entramado productivo local no podría acceder a los beneficios.

Ese punto concentra las principales críticas del empresariado nacional y de la oposición, que advierten que el esquema prioriza la llegada de grandes capitales globales, pero ofrece pocos incentivos concretos para fortalecer capacidades productivas ya instaladas en el país.

La discusión también alcanza a las provincias. Para adherir al régimen, deberán aceptar compromisos de estabilidad fiscal y límites a la carga tributaria local. Entre otros puntos, el proyecto establece que Ingresos Brutos no podrá superar el 0,50 % para los emprendimientos alcanzados.

Con la media sanción conseguida en Diputados, el debate se trasladará ahora al Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley una de sus principales apuestas económicas para atraer inversiones de gran escala.