El comienzo de la sesión estaba programado para las 15, pero en labor parlamentario no hubo acuerdo y se pasó para el próximo jueves 21 de noviembre.

Se postergó para el próximo jueves 21 de noviembre la sesión que iba a tratar la ley para limitar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) de Milei. La normativa había generado un fuerte rechazo por parte del oficialismo, que se negaba a restringir el uso de los decretos.

Según el oficialismo, esta propuesta representaba un “abuso político” destinado a obstaculizar las decisiones de la administración del Presidente.

La sesión especial, convocada para este martes a las 15, tenía como objetivo debatir y votar un proyecto que busca modificar la ley de DNU y también derogar el decreto 846, que permitía al Ejecutivo realizar el canje de deuda sin la aprobación del Congreso.

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este martes que algunos sectores están buscando mecanismos para “poner trabas” a la gestión de Milei, y calificó el proyecto como un intento de interferir en las decisiones del Presidente.

Poco antes de la sesión en Diputados, los cálculos mostraban una leve ventaja para los bloques convocantes: Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF) y el sector radical de Democracia. Sin embargo, a último momento, el Gobierno intensificó su presión sobre los gobernadores de todas las provincias, logrando reducir el apoyo a la convocatoria y dejando sin quórum la sesión.

Para asegurar la retirada de votos en su contra, el oficialismo acordó con los gobernadores la emisión de un dictamen para el proyecto de Presupuesto 2025, compromiso que cumplirá este jueves, una demanda clave de los mandatarios provinciales que buscan estabilidad para administrar los fondos locales.

Además, solicitaron al Ejecutivo el pago de la compensación del consenso fiscal, la cancelación de deudas con las cajas previsionales no transferidas a la Anses, la distribución de un porcentaje de los fondos no ejecutados de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el fin de asignaciones específicas del impuesto a los combustibles, exigiendo que estos recursos se distribuyan entre las provincias.