Rechazo en el INTI por el cierre del área de Metrología Legal

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) manifestaron su rechazo al cierre de la Dirección de Metrología Legal y del Organismo de Certificación, dispuesto por el Gobierno nacional, y convocaron a un abrazo simbólico a la sede central del organismo en la ciudad de Buenos Aires.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 213, publicada en el Boletín Oficial el último día hábil de 2025, y establece la baja de esa área a partir del 31 de enero. Según indicaron desde el organismo, la decisión afecta a más de 150 técnicos y profesionales encargados de la verificación y certificación de instrumentos de medición utilizados en todo el país.

Advertencia por la falta de controles

Desde el sector gremial alertaron que el cierre de Metrología Legal podría generar una pérdida de rigurosidad en los controles, ya que los usuarios dejarán de contar con un ente público de referencia para verificar productos y servicios. En ese sentido, explicaron que la tarea impacta directamente en surtidores de combustible, balanzas comerciales y portuarias, radares de control de velocidad y etilómetros utilizados para medir alcoholemia.

También señalaron que el INTI verificaba medidores de agua potable, energía eléctrica, termómetros clínicos y taxímetros, entre otros instrumentos de uso cotidiano, cuya correcta medición resulta clave tanto para la seguridad como para las transacciones comerciales.

Transferencia al sector privado

Con la resolución oficial, el Gobierno dispuso la transferencia total del control de los instrumentos de medición a laboratorios y organismos de certificación privados, acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). Desde el INTI remarcaron que estos actores ya realizaban parte de esas tareas, pero que el Instituto era el principal competidor, al ser el organismo más elegido por empresas y usuarios.

Los trabajadores recordaron que la potestad de custodiar los patrones nacionales de medida fue otorgada al INTI hace más de 20 años mediante un decreto del Poder Ejecutivo, en carácter de facultad indelegable, por su capacidad técnico-científica y su rol de tercero imparcial en las relaciones comerciales.

Impacto económico y riesgos

Según señalaron, los fundamentos oficiales que mencionan demoras y desburocratización no se condicen con los datos objetivos del organismo, como la cantidad de órdenes de trabajo anuales y su nivel de facturación, que reflejan la demanda y satisfacción de los usuarios.

Además, advirtieron sobre el incremento de costos que implicará la privatización de los controles. A modo de ejemplo, indicaron que verificar un alcoholímetro en el INTI tenía un costo aproximado de $140.000, mientras que en laboratorios privados el valor ascendería a $1.200.000 por instrumento.

En ese contexto, alertaron que muchos municipios podrían dejar de realizar controles por no poder afrontar los costos, lo que implicaría potenciales riesgos para la seguridad vial y la protección de los consumidores.
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