Qué está en juego con la Ley de Tierras y cuál es el panorama en Santa Fe
El 4,94% de la superficie rural santafesina pertenece a titulares extranjeros y el departamento Garay alcanza el 15,73%. El Senado retomará el jueves 6 de agosto el proyecto que elimina los topes nacionales para compradores privados del exterior y otorga mayor margen de regulación a las provincias.
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El debate por la propiedad de las tierras rurales volverá esta semana al Congreso y tendrá efectos directos en Santa Fe. El Senado tiene previsto retomar el jueves 6 de agosto el tratamiento del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el régimen de compra de campos por parte de extranjeros.
La discusión había quedado aplazada el 16 de julio, cuando la Cámara alta aprobó un cuarto intermedio. La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría, aunque recibió modificaciones durante su paso por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Uno de sus puntos principales es la reforma de la Ley 26.737, sancionada en 2011 para regular la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales en manos extranjeras.
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El panorama actual en Santa Fe
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, el 4,94% de la superficie rural santafesina está registrado a nombre de titulares extranjeros.
La cifra equivale a 670.174 hectáreas sobre un total aproximado de 13,57 millones de hectáreas rurales relevadas en la provincia.
La distribución no es uniforme. El caso más significativo es el departamento Garay, donde la extranjerización alcanza el 15,73%, equivalente a 61.629 hectáreas.
Garay es el único departamento santafesino que aparece entre las jurisdicciones argentinas con mayor proporción de tierras rurales en manos extranjeras. Además, el 94% de esa superficie corresponde a capitales estadounidenses.
Más atrás se ubican General López, con el 3,50%; San Javier, con el 3,10%; 9 de Julio, con el 2,47%; y Vera, con el 1,28%. En General Obligado, en cambio, la presencia extranjera es prácticamente nula.
Los datos oficiales están publicados por departamento, por lo que el porcentaje de Garay no permite determinar si algún municipio o comuna supera individualmente los límites legales.
Qué establece actualmente la Ley de Tierras Rurales
La Ley 26.737 fija controles nacionales para la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y empresas extranjeras.
La norma establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de la superficie rural nacional. Ese mismo límite rige para cada provincia y para cada municipio o jurisdicción equivalente.
También dispone que los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% del cupo permitido a extranjeros. En la práctica, una nacionalidad no debería controlar más del 4,5% de las tierras rurales de una jurisdicción.
Además, un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva, o una superficie equivalente en otras regiones.
La ley restringe también la adquisición de campos que contengan o sean ribereños de grandes cuerpos de agua permanentes. Para los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera se exige un procedimiento especial con intervención del Estado nacional.
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El oficialismo propone elevar al 25% el límite para extranjeros
La Libertad Avanza volvió a modificar el proyecto de Ley de Tierras para reunir los votos necesarios en el Senado.
Patricia Bullrich presentará este martes en conferencia de prensa, los cambios y el oficialismo intentará llevar la iniciativa al recinto el jueves, luego de cinco intentos fallidos y numerosos borradores.
El nuevo texto descarta la eliminación total de las restricciones y propone que personas y empresas extranjeras puedan adquirir hasta el 25% de las tierras rurales de cada provincia.
La propuesta original, impulsada por Federico Sturzenegger, buscaba eliminar el límite vigente del 15% para la compra de tierras por capitales extranjeros. Ante la falta de apoyos, el Gobierno negoció elevar ese tope al 25%.
Esto permitiría que personas o compañías privadas extranjeras adquieran tierras rurales sin los actuales límites nacionales. Las provincias conservarían la facultad de regular, autorizar o impedir determinadas operaciones dentro de sus territorios.
La nueva redacción prohíbe que personas humanas o jurídicas extranjeras superen ese porcentaje dentro del territorio de cada provincia.
Las restricciones en zonas de frontera continuarían vigentes. En cambio, al excluir a los inversores privados extranjeros del régimen federal, las protecciones sobre grandes cuerpos de agua dependerían de otras normas nacionales, provinciales o ambientales
El oficialismo calcula que cuenta con unos 34 respaldos y necesita llegar a 36 para aprobar el proyecto. Sin embargo, senadores aliados y opositores reclaman conocer la versión definitiva, debido a los reiterados cambios.
Bullrich participará el martes por la tarde de una conferencia de prensa junto con Nadia Márquez y Agustín Coto para explicar el alcance de la iniciativa y ordenar la postura del bloque libertario.
Con esta nueva modificación, el Gobierno busca superar las resistencias y conseguir la media sanción de una iniciativa que continúa generando debate por su impacto sobre la soberanía territorial y la propiedad de las tierras rurales.
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Una iniciativa más amplia
Aunque el debate público se concentra en la extranjerización, el proyecto también modifica otros regímenes.
La iniciativa introduce cambios en la legislación de expropiaciones, establece procedimientos más rápidos para desalojos, modifica disposiciones sobre inmuebles incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares y altera normas del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
En materia de desalojos, propone un proceso sumarísimo y plazos abreviados para restituir inmuebles en casos de falta de pago, vencimiento de contratos u ocupaciones sin título.
También modifica las restricciones para cambiar el uso o vender terrenos afectados por incendios.
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Argumentos a favor y cuestionamientos
El Gobierno nacional sostiene que las restricciones actuales desalientan inversiones, reducen el valor de los campos y dificultan el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales, industriales y logísticas.
La reforma apunta, según esa postura, a fortalecer el derecho de propiedad y trasladar a las provincias una parte importante de las decisiones sobre la venta de tierras. La Sociedad Rural Argentina también respaldó una mayor libertad para que los propietarios decidan sobre sus campos.
En sentido contrario, investigadores del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires advirtieron que la flexibilización podría aumentar la concentración, elevar el precio de los campos y dificultar el acceso a la tierra para productores locales. También alertaron sobre posibles efectos en áreas estratégicas vinculadas con ríos, lagunas, acuíferos, bosques, minerales, corredores logísticos y zonas fronterizas.
A nivel nacional, cerca del 5% de las tierras rurales, más de 13 millones de hectáreas, está en manos extranjeras. Aproximadamente la mitad corresponde a propietarios de Estados Unidos, Italia y España.
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Santa Fe, ante una decisión de alcance nacional
En Santa Fe, el debate tiene especial relevancia por su superficie productiva, el peso del sector agropecuario y la presencia de recursos hídricos vinculados con el río Paraná, sus islas y humedales.
La Legislatura provincial también comenzó a discutir el tema. Diputados santafesinos presentaron una iniciativa para pedir al Ejecutivo medidas de protección sobre las tierras rurales, los recursos hídricos estratégicos y las áreas cercanas a la vía navegable troncal.
Si el Senado aprueba el proyecto, deberá pasar a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el dato provincial marca el punto de partida: Santa Fe tiene 670.174 hectáreas rurales en manos extranjeras y Garay concentra el porcentaje más alto, con el 15,73% de su superficie departamental.

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